SANTO DOMINGO.- El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara sometió por ante la Suprema Corte de Justicia al presidente del Tribunal Superior Electoral Mariano Rodríguez y al magistrado John Guiliani, acusados de prevaricación, concusión y faltas administrativas.
De acuerdo a la querella interpuesta por Gómez Mazara, ambos magistrados recibieron dinero del fondo de pensiones y jubilaciones de la Junta Central Electoral (JCE), al mismo tiempo, que recibían sus salarios ordinarios como jueces titulares del Tribunal Superior Electoral.
El dirigente del PRD se hizo representar por los abogados Domingo Rojas y Ricardo Pérez para todo el proceso que, depositado por ante la procuraduría general, será conocido por la Suprema Corte de Justicia como resultado de la jurisdicción privilegiada que disfrutan los magistrados del Tribunal Superior Electoral.
“El fundamento del proceso contra los dos magistrados, Rodríguez Rijo y Guiliani Valenzuela tiene de base tanto las certificaciones del fondo de pensiones de la JCE como la certificación del departamento financiero del TSE donde se establece que por espacio de 11 meses disfrutaron de ambos beneficios que, en un informe oficial de la cámara de cuentas, se establecía tanto la ilegalidad de la acción como la devolución obligatoria de los recursos tomados ilegalmente”, indica una nota de prensa.
Para el dirigente político Guido Gómez Mazara resulta alarmante que los estamentos llamados a garantizar el fiel apego a la ley incurran en lamentables violaciones asociando su ejercicio institucional a excesos administrativos producto de pactos políticos y protecciones donde algunos magistrados se sienten en las condiciones de violentar el ordenamiento jurídico, y exigen al resto de la sociedad un apego a los cánones de la justicia.
El abogado y profesor universitario entiende que acciones legales de esta naturaleza contribuyen al proceso de restauración de la credibilidad de nuestras instituciones y que la ciudadanía debe hacer una significativa contribución para que los actores esenciales del proceso democrático no se crucen de brazos ante tantas violaciones, emanadas de las fuentes llamadas a garantizar que las leyes se cumplan.
Gómez Mazara apeló a que la Suprema Corte de Justicia aplique correctamente la ley y “las maniobras de orden politiquera no impidan que, evidentes violaciones a la ley, sean derrotadas por el régimen de complicidades establecido en el país, y que tanto daño genera en el sistema democrático”.