El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Román Jáquez, sugirió que las juntas electorales sean divididas en dos cámaras o salas, una administrativa y otra contenciosa.El también miembro suplente del Tribunal Superior Electoral argumentó que su propuesta se basa en que los mismos miembros de las juntas electorales desempeñan ambas funciones, lo cual entra en contradicción con la separación de funciones y la independencia funcional que deben tener como órgano del sistema electoral.
“Por mandato constitucional, las juntas electorales tienen funciones administrativas y contenciosas, pero eso no significa que las mismas personas desempeñen labores en ambos aspectos a la vez”, subrayó el especialista.
Otra debilidad indicada es que para ser integrante de una Junta Electoral no se requiere, necesariamente, ser abogado, lo que a juicio del académico no debe ser. “Otra debilidad indicada es que para ser integrante de una Junta Electoral no se requiere, necesariamente, ser abogado o abogada. “Los ciudadanos que conforman las juntas electorales son de reconocida solvencia moral, pero, algunos, sin la acreditación profesional en las Ciencias Jurídicas y mucho menos en lo judicial, lo cual ha provocado que muchas de sus decisiones, en ocasión de las pasadas elecciones, no estén bien fundamentadas como lo demuestran varias sentencias del Tribunal Superior Electoral”, señaló Jáquez.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCSD manifestó que la propuesta estaría cónsona con la separación funcional que exhiben la JCE y el TSE. Otra propuesta del académico es la creación de la Escuela de Formación Contencioso Electoral que estaría dirigida por el TSE para que los ciudadanos cuenten con un personal mejor formado en las juntas.
Busca incluir propuesta en discusión de reforma
La propuesta del académico es en base a las discusiones que se han dado luego de las elecciones sobre la reforma a las leyes electorales y políticas que están pendientes de aprobación. El objetivo es que la división de las juntas electorales que sugiere se incluya en la reforma a la ley electoral 275-97 que debe hacerse para actualizarla acorde con la Constitución.