“Como consecuencia de eso, en el caso específico de Haití, usted encuentra que cada cónsul contrata una flotilla de motoristas para que anden buscando cuál ciudadano haitiano quiere venir aquí para venderle una visa, y en base a la venta de esa visa ese cónsul se enriquece porque ese dinero no ingresa al Estado”, denunció.
Rosario emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, y luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.
Asimismo, sostuvo que la principal debilidad del Estado dominicano frente al tema haitiano es que el país no cuenta con una política migratoria coherente que trascienda los cuatrienios de los distintos gobiernos y garantice la soberanía desde el punto de vista político y económico.
“Por ejemplo, si usted se va al tema de la administración de los accesos autorizados a tierra dominicana se dará cuenta que desde la Cancillería no hay una orientación correcta de cuáles son los perfiles o los requisitos que requiere el desarrollo económico y social de la República Dominicana para permitir el acceso a nuestro territorio”, indicó.
En tal sentido, consideró que el país debe contar con una cantidad de personas extranjeras especifica y un perfil definido, y en base a ello permitir el acceso de forma legal al territorio nacional, y que así los migrantes puedan contribuir con el desarrollo de los distintos sectores económicos.
“Pero no es así que se está haciendo, aquí lo que hay es un ingreso desbordado de todo aquel que quiera venir, y no solamente de nacionales haitianos, sino de venezolano, ecuatoriano, colombiano y de otros países donde el acceso es permitido sin ninguna restricción”, manifestó.
Informa El Nuevo Diario que Rosario manifestó que no hay razón para que el actual canciller, Roberto Álvarez, no se haya abocado al diseño de una reforma administrativa que garantice la transparencia de los recursos que se generan a través de los consulados, resaltando que la actual gestión no ha hecho nada en cuanto a política consular.