Ministerio Público pide enviar caso Calamar a juicio de fondo

Wilson Camacho y exministros implicados en Caso Calamar con banderas de República Dominicana al fondo

El Ministerio Público solicitó al tribunal que los implicados en el caso Calamar enfrenten un juicio de fondo, tras concluir la fase de réplicas en la audiencia preliminar del proceso que investiga un presunto desfalco superior a RD$19 mil millones.


El procurador adjunto y director de Persecución, Wilson Camacho, informó que el órgano acusador terminó de responder a los planteamientos de las defensas y pidió al tribunal rechazar los incidentes presentados por los imputados.


Las audiencias se han desarrollado en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se analiza el expediente que involucra a varios exfuncionarios del Estado. Entre los principales acusados figuran Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.


Exfuncionarios y empresarios incluidos en el expediente

El proceso también alcanza a otras figuras vinculadas a la administración pública y al ámbito empresarial. Entre ellos se encuentran el exsenador Rafael Calderón, el abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar.


En la acusación aparecen además Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, quien ocupó funciones en la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda; Julián Omar Fernández Figueroa, exencargado de Juegos de Azar; y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.


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El expediente también menciona a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández de Paola, así como a Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.


Supuesto desvío de fondos y financiamiento político

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían formado parte de una estructura que desvió recursos del Estado mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.


La investigación también sostiene que parte de esos fondos habría sido utilizada para pagar sobornos destinados a financiar actividades políticas vinculadas a la campaña electoral del año 2020.

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