Abinader impulsa tecnificación de la Dicrim como política de Estado

Collage de Luis Abinader junto a agentes del DICRIM y elementos gráficos modernos en azul y blanco

La reforma policial entra en una etapa decisiva con la apuesta del presidente Luis Abinader por convertir la tecnificación de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) en eje estructural del sistema de justicia. El mandatario aseguró que la meta es reducir la impunidad mediante investigaciones sustentadas en evidencia científica.


Al encabezar el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: Ciencia e Innovación contra el Crimen, afirmó que no se trata de un simple ajuste administrativo, sino de una política de Estado orientada a blindar el proceso penal con rigor técnico.


Sostuvo que cuando las indagatorias se sustentan en métodos científicos, los jueces cuentan con bases sólidas para decidir, la ciudadanía confía más en las instituciones y la legitimidad del sistema se fortalece.


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Inteligencia antes que reacción

Abinader planteó un modelo donde la inteligencia anticipe la acción policial y la tecnología respalde cada conclusión investigativa. Según explicó, el Estado busca dejar atrás la improvisación para enfrentar al crimen organizado con herramientas modernas y coordinación institucional.


El gobernante insistió en que la transformación no se limita a uniformes nuevos o patrullas actualizadas. Incluye cultura institucional, mentalidad investigativa y gestión basada en datos, además de interoperabilidad entre la Dicrim, la DNCD y el Ministerio Público.


Nuevo modelo de gestión criminal

Dentro del Plan de Modernización y Tecnificación de la Dicrim, destacó la creación de un Modelo de Gestión de Lucha Contra la Criminalidad. Este esquema promueve metodologías innovadoras para analizar fenómenos y mercados delictivos, así como mejores prácticas administrativas.


Con este enfoque, la Dicrim deja atrás una estructura fragmentada y asume un rol central como soporte técnico del Ministerio Público. Para el presidente, su función pasa a ser estructural dentro del sistema penal, donde la evidencia científica se convierte en garantía clave de justicia efectiva.

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