El proceso judicial por el caso Coral y Coral 5G entra en una fase clave con la continuación de las contrarréplicas de varios de los acusados ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo escuchan los argumentos de los generales Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza, así como de otros oficiales vinculados al expediente.
El caso, considerado uno de los mayores procesos por corrupción administrativa en el país, gira en torno a un presunto desfalco superior a RD$4,500 millones, según el Ministerio Público.
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Acusación y red de implicados
De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido encabezada por el general Adán Cáceres Silvestre, desde donde se desviaron fondos de instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En el expediente también figuran militares y civiles, entre ellos Rossy Guzmán Sánchez, el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y otros colaboradores señalados por su presunta participación en la red.
Penas solicitadas por el Ministerio Público
El órgano acusador pidió condenas de hasta 20 años de prisión para los principales implicados, además del pago de indemnizaciones equivalentes a 400 salarios mínimos.
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Para otros acusados, como Rossy Guzmán y varios vinculados, se solicitaron penas de 15 años de cárcel y multas de 300 salarios mínimos. En el caso de Girón Jiménez, la solicitud es de cinco años de prisión más una sanción económica.
También se plantearon multas específicas de RD$500,000 para algunos imputados, como parte de las sanciones económicas propuestas.
Etapa decisiva del juicio
La fase de contrarréplicas marca el cierre del debate antes de que el tribunal pase a deliberar. Este tramo del proceso será determinante para definir responsabilidades en un caso que ha puesto bajo escrutinio el manejo de recursos en organismos de seguridad del Estado.
El fallo final podría sentar un precedente en la persecución de la corrupción administrativa en República Dominicana.