El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que cualquier caso de corrupción que cuente con pruebas será llevado ante la justicia, especialmente cuando involucra al propio sistema judicial, al considerar que estos hechos ponen en riesgo la seguridad jurídica del país.
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Camacho explicó que esa postura responde a la línea de acción impulsada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y por la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Investigación por soborno contra un fiscal
Las declaraciones del procurador adjunto se produjeron tras salir de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conoce la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara.
El representante del Ministerio Público está acusado de solicitar un soborno y recibir 10,000 dólares durante una entrega controlada autorizada por un tribunal. Según explicó Camacho, esa operación fue organizada como parte de una investigación para comprobar una conducta irregular.
El funcionario precisó que se trata de un proceso abierto y que el Ministerio Público continuará reuniendo evidencias sobre posibles solicitudes o entregas de dinero vinculadas al caso.
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Audiencia aplazada hasta el 10 de abril
La jueza de la Instrucción Especial, Ysis B. Muñiz Almonte, decidió posponer la audiencia para conocer la medida de coerción hasta el viernes 10 de abril de 2026 a las 9:00 de la mañana, luego de que la defensa solicitara más tiempo para preparar sus argumentos.
Camacho expresó su desacuerdo con el aplazamiento y pidió al tribunal rechazar la petición de los abogados del imputado, al considerar que ya habían tenido suficiente tiempo para realizar sus diligencias.
Durante el proceso también estuvo presente la procuradora de corte Carmen Alardo. La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró que la institución no permitirá actos de corrupción dentro del Ministerio Público.
Reynoso calificó el caso como grave y recordó que quienes integran el órgano persecutor tienen la responsabilidad de combatir los delitos y la corrupción. Según afirmó, la institución actuará para que los tribunales impongan sanciones ejemplares si se comprueban los hechos.