La posibilidad de abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos podría cambiar de forma drástica si se concreta una orden ejecutiva en preparación que exigiría prueba de ciudadanía, una medida que impactaría directamente a millones de inmigrantes sin estatus legal.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la iniciativa está "en proceso" y busca reforzar el control sobre quién accede al sistema financiero. Según explicó, aunque los bancos aplican normas para identificar clientes, aún existen vacíos en la información disponible sobre los usuarios.
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La propuesta forma parte de la agenda de la administración de Donald Trump y añadiría nuevas barreras para quienes dependen de servicios bancarios básicos sin contar con documentación migratoria regular.
Más requisitos y posibles restricciones
Entre los cambios planteados, las entidades financieras podrían verse obligadas a pedir pasaporte como condición para abrir cuentas, un requisito que hoy no es generalizado. El problema es que la disponibilidad de este documento no cubre a toda la población: en el país circulan unos 183 millones de pasaportes frente a más de 340 millones de residentes.
De implementarse, esta exigencia reduciría el acceso al sistema bancario formal, especialmente entre comunidades inmigrantes que actualmente utilizan alternativas legales para identificarse.
El ITIN, clave en el sistema actual
En la normativa vigente, el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) funciona como una vía para que personas sin Seguro Social puedan abrir cuentas. Este código lo emite el Internal Revenue Service y permite cumplir con obligaciones fiscales sin necesidad de estatus migratorio regular.
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Para obtenerlo, el solicitante debe presentar documentos que validen identidad y domicilio. Luego, al acudir al banco, puede combinar ese número con identificaciones oficiales como pasaporte vigente, matrícula consular o documentos de su país de origen.
También suelen exigir comprobantes de dirección recientes, como facturas de servicios, contratos de alquiler o cartas oficiales del propio IRS que confirmen la asignación del ITIN.
Si la orden ejecutiva avanza, este esquema podría quedar limitado o incluso desplazado, modificando uno de los pocos canales formales que hoy permiten a inmigrantes integrarse al sistema financiero.