La estrategia legal del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre apunta a desmontar la acusación del Ministerio Público en el Caso Coral, al señalar supuestas fallas estructurales que, según sus abogados, debilitan todo el proceso judicial.
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Uno de los principales cuestionamientos se centra en lo que califican como imputaciones imprecisas, al considerar que no se detallan hechos específicos que vinculen directamente al imputado con las acusaciones.
Señalamientos sobre pruebas y testimonios
Los abogados también objetaron el
, alegando que varias de las personas mencionadas no aparecen en registros
oficiales.
A esto suman la falta de evidencia financiera concreta. Según la defensa, no se presentaron transferencias bancarias que conecten los fondos investigados con el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), ni pruebas que confirmen el origen ilícito del dinero.
En esa misma línea, cuestionaron la consistencia de los testimonios, indicando que presentan contradicciones y no logran sustentar la teoría acusatoria.
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Críticas a la estructura del caso
El documento también pone en duda aspectos técnicos del expediente, como auditorías incompletas, análisis financieros sin trazabilidad y presuntas inconsistencias sobre el ocultamiento de bienes.
Asimismo, la defensa afirmó que no existe vínculo probado entre el imputado y una de las empresas señaladas en el proceso, lo que -a su juicio- debilita aún más la acusación.
Los abogados Cristian Martínez y Romer Jiménez advirtieron que admitir pruebas sin suficiente sustento podría afectar principios básicos como la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.
"El combate a la corrupción requiere procesos sólidos y bien fundamentados", concluye el equipo legal en su declaración.