El Gobierno dominicano activó un plan de contención del gasto público que busca liberar cerca de RD$40,000 millones para mitigar el impacto económico de la crisis en Medio Oriente, marcada por el alza sostenida del petróleo.
La estrategia fue definida durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional.
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Recortes y control del gasto estatal
El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que las medidas priorizan el cumplimiento de compromisos ya firmados, mientras que los fondos no comprometidos serán revisados o recortados.
Entre los ajustes figuran reducción de gastos operativos, limitación en la compra de vehículos -excepto en áreas sensibles-, menor inversión en mantenimiento, recortes en viáticos, combustibles, publicidad y eventos, además de una disminución del 50 % en el financiamiento a partidos políticos.
También se contempla reducir transferencias a instituciones públicas que puedan generar ingresos propios, como parte de una política de austeridad enfocada en concentrar recursos en sectores clave.
Impacto del petróleo en la economía
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, advirtió que el principal efecto externo proviene del aumento en los precios del crudo, que presiona la inflación y el costo de vida.
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Indicó que cada incremento de 10 dólares por barril implica un gasto adicional de unos USD 763 millones al año para el país, lo que eleva la carga fiscal y los subsidios.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, señaló que el país enfrenta uno de los mayores choques de precios recientes, con un alza superior al 80 % en el petróleo.
Estrategia para sostener la estabilidad
Las autoridades indicaron que la respuesta del Gobierno se centra en tres ejes: mantener la estabilidad macroeconómica, reducir el impacto en alimentos y costos básicos, y sostener la inversión pública.
El plan se apoya en reservas internacionales que superan los USD 16,000 millones, estabilidad cambiaria y programas sociales activos, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables en un entorno económico complejo.