El empresario José Gómez Canaán afirmó ante el tribunal que el Estado dominicano le adeuda más de RD$800 millones, en medio del proceso judicial por el proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Durante su defensa, el imputado negó haber cometido estafa y sostuvo que su empresa ejecutó inversiones superiores a RD$1,100 millones, pese a haber recibido un anticipo de RD$263 millones. Aseguró que los equipos están en uso desde 2023, lo que, a su juicio, contradice las acusaciones del Ministerio Público.
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Inversión, financiamiento y ejecución del contrato
Gómez Canaán explicó que el contrato comenzó a ejecutarse en junio de 2023, mientras los pagos oficiales llegaron meses después. Esto obligó a la empresa a recurrir a financiamiento externo, incluyendo más de RD$120 millones obtenidos a través del Banco BDI y aportes de compañías vinculadas.
También indicó que las transferencias internacionales respondieron a pagos a proveedores en Estados Unidos, Canadá, China y Europa, destinados a la compra de tecnología utilizada en 305 intersecciones semaforizadas instaladas en el Gran Santo Domingo.
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Respuesta a acusaciones y fallas del sistema
En relación con los cargos de sabotaje y delitos tecnológicos, el imputado sostuvo que el sistema fue intervenido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre sin el conocimiento técnico adecuado, lo que habría generado fallas operativas.
Sobre el presunto lavado de activos vinculado a la empresa Dekolor, afirmó que esta operaba mediante estructuras fiduciarias y que no recibió fondos directos del Estado. Añadió que, aun con una deuda superior a RD$700 millones, la compañía continuó prestando servicios.
El proceso judicial se desarrolla mientras el Ministerio Público mantiene acusaciones por estafa contra el Estado, lavado de activos y delitos de alta tecnología. Gómez Canaán también mencionó el impacto personal del caso, tras más de 14 meses bajo medidas de coerción.