El mercado inmobiliario dominicano se encamina a una regulación más estricta. El Senado de la República Dominicana dio luz verde en primera lectura a un proyecto que busca ordenar la intermediación y frenar la publicidad engañosa en la compra y venta de propiedades.
La iniciativa fue introducida por los senadores Rafael Barón Duluc, Félix Ramón Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto, con el objetivo de establecer reglas claras para agentes, agencias y transacciones inmobiliarias.
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Reglas claras y sanciones más severas
El proyecto define como publicidad engañosa cualquier información que induzca a error sobre precio, condiciones, disponibilidad o características de un inmueble, en línea con la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor.
La normativa contempla sanciones que incluyen multas de hasta 50 salarios mínimos, suspensión de operaciones y retiro de licencias para quienes incumplan las disposiciones.
Además, excluye del alcance de la ley las ventas directas realizadas por propietarios y los servicios legales brindados por profesionales en ejercicio.
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Supervisión estatal y orden en el sector
El control de la actividad recaería en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que tendrá la responsabilidad de regular, supervisar y promover la intermediación inmobiliaria.
A través de un departamento especializado, la institución deberá garantizar que las operaciones se realicen con transparencia, eficiencia y bajo estándares éticos.
Con esta aprobación inicial, el Congreso busca reducir estafas y fortalecer la confianza en un sector clave para la economía nacional.