Una jueza federal de Estados Unidos confirmó un laudo arbitral internacional que obliga al Estado dominicano a pagar cerca de US$44 millones al empresario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, tras un prolongado litigio relacionado con la administración del vertedero de Duquesa.
La decisión fue emitida el 31 de marzo por la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, quien acogió la recomendación de un magistrado y rechazó los intentos del Gobierno dominicano de anular el fallo arbitral. Con ello, se ratifica la indemnización establecida por un tribunal internacional a favor del inversionista.
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Origen del conflicto por el vertedero de Duquesa
La disputa tiene sus raíces en un contrato firmado en 2007 entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la empresa Lajun Corporation para la operación del relleno sanitario de Duquesa.
En julio de 2013, el entonces alcalde Francisco Fernández anunció la cancelación del acuerdo y la ocupación del vertedero por parte del cabildo. El funcionario alegó que la empresa había incumplido las condiciones del contrato y calificó la situación como un riesgo para el municipio.
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Años más tarde, en abril de 2017, el Concejo de Regidores declaró el municipio en emergencia sanitaria y respaldó la rescisión del contrato. Posteriormente, en enero de 2019, la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulo el acuerdo de concesión durante la gestión municipal de René Polanco.
Arbitraje internacional y compensación
El empresario Michael Lee-Chin adquirió en 2013 el 90 % de Lajun Corporation y parte de los terrenos donde se encuentra el vertedero, a través de empresas vinculadas a su grupo Portland Holdings.
Tras la cancelación del contrato, el inversionista calificó la medida como una expropiación ilegal y en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe (Caricom).
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a su favor y concluyó que la terminación del contrato constituyó una expropiación y violó el principio de trato justo y equitativo hacia el inversionista.
Los árbitros ordenaron al Estado dominicano pagar US$38.7 millones por la expropiación y US$4.8 millones por el trato inequitativo, además de intereses y costas legales, lo que eleva el monto total a poco más de US$43.6 millones.