A un año de la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el sistema judicial debe ofrecer una respuesta dentro de un plazo razonable a las víctimas y sus familias.
La titular del Ministerio Público recordó que el proceso involucra a cerca de 400 afectados, entre fallecidos y heridos, además del impacto social que el caso ha generado en todo el país. Por esa razón, afirmó que la justicia dominicana tiene el deber de actuar con transparencia y sin permitir maniobras que retrasen el avance del expediente.
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Reynoso insistió en que la Constitución otorga al Ministerio Público la responsabilidad de proteger los derechos de las víctimas y garantizar que el proceso judicial avance sin obstáculos innecesarios.
Ministerio Público cuestiona contraperitaje solicitado por la defensa
La procuradora criticó el contraperitaje solicitado por la defensa de los imputados y aprobado por el tribunal, al considerar que carece de sustento técnico frente a las evidencias ya presentadas en el expediente.
Según explicó, la hipótesis de que un explosivo provocó el colapso del establecimiento no tiene respaldo en los análisis realizados hasta ahora. Por el contrario, señaló que la investigación apunta a fallas estructurales del edificio, vinculadas a la sobrecarga del techo atribuida a los propietarios Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
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Para Reynoso, introducir nuevas pruebas basadas en teorías sin indicios concretos solo busca desviar la atención del origen real del colapso.
Derechos de las víctimas también forman parte del debido proceso
La funcionaria subrayó que el debido proceso no solo protege a los imputados, sino también a quienes resultaron afectados por la tragedia.
En ese sentido, indicó que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de los hechos y a recibir una decisión judicial en un tiempo razonable, sin retrasos injustificados dentro del proceso.
Reynoso afirmó que prolongar el caso mediante argumentos que contradicen las evidencias técnicas constituye una vulneración al derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación.
Finalmente, garantizó que el Ministerio Público continuará impulsando el proceso con todas las herramientas legales disponibles para que el tribunal emita una decisión basada en las pruebas presentadas y acorde con los derechos de quienes resultaron afectados.