Un proyecto en el Senado busca reformar la Ley de Residuos Sólidos para sustituir el modelo actual de contribución por un sistema escalonado, ajustado al tipo de actividad económica, el volumen de desechos y la capacidad de pago de cada entidad.
La iniciativa fue presentada por el vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo, Eduard Espiritusanto, quien plantea una estructura más proporcional que elimine cargas uniformes y corrija distorsiones en el esquema vigente.
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Nuevas escalas y exenciones planteadas
El proyecto introduce categorías según el nivel de residuos generados. Para actividades de bajo volumen, las empresas con ingresos de hasta RD$1,000,000 aportarían RD$3,000; las que facturen hasta RD$10,000,000 pagarían RD$6,000; y las que superen ese monto contribuirían con el 0.25 % de su renta neta anual.
En el caso de generadores de volumen medio, los aportes subirían a RD$5,000 y RD$10,000 en los primeros dos tramos, mientras que las empresas de mayores ingresos pagarían el 0.40 % de su renta neta.
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Para actividades con alto impacto, la propuesta fija un aporte del 1 %, que aumenta a 1.5 % para quienes generen volúmenes muy elevados de residuos.
Además, se plantea eliminar el cobro a las organizaciones sin fines de lucro, argumentando que ya cuentan con exenciones legales en materia tributaria.
Cambios institucionales y críticas al modelo actual
El proyecto también incluye la incorporación de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) al Consejo del Fideicomiso, ampliando la representación del sector productivo en la toma de decisiones.
Otro punto clave es la eliminación del aporte fijo de RD$20 por habitante destinado a los ayuntamientos. Según el documento, este mecanismo impone una carga adicional a la población y carece de criterios técnicos claros para la distribución de fondos.
La propuesta advierte que el esquema vigente podría prestarse a discrecionalidad en el manejo de recursos e incluso a usos con fines políticos, afectando la equidad entre municipios.
El proyecto deberá agotar su proceso legislativo para determinar si estas modificaciones entran en vigor.