El manejo de un presunto esquema inmobiliario que involucra 17 millones de dólares y afecta a 323 dominicanos en Nueva York ha generado fuertes cuestionamientos contra el cónsul dominicano Jesús Antonio Vázquez (Chu), a quien acusan de no ofrecer respuestas concretas ante las denuncias.
La denuncia fue reiterada por Dayanara Borbón, coordinadora del movimiento Acción Rápida, quien asegura que los afectados invirtieron más de 17 millones de dólares en proyectos de la empresa INDISARD en República Dominicana sin recibir los apartamentos prometidos.
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Denuncias contra apoyo consular insuficiente
Borbón sostiene que, pese a la gravedad del caso, las gestiones ante el consulado, el Defensor del Pueblo, ProConsumidor, el Registro Inmobiliario y el Ministerio de Vivienda no han generado ninguna solución efectiva para los inversionistas.
También cuestiona que el discurso oficial sobre "asistencia consular" no se refleja en los hechos, citando el Artículo 5 de la Convención de Viena de 1963, que establece la obligación de proteger y asistir a los ciudadanos en el exterior.
Según la dirigente, en lugar de apoyo institucional, las víctimas han tenido que organizar protestas y acciones legales para exigir supervisión sobre las empresas inmobiliarias que operan entre Estados Unidos y República Dominicana.
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Protestas y reclamos en Nueva York
El grupo encabezado por Borbón ha iniciado demandas y manifestaciones en Nueva York con el objetivo de lograr regulación para las ferias inmobiliarias que promocionan proyectos sin suficiente control.
Afirman que, hasta ahora, no se han implementado medidas preventivas para evitar nuevas estafas, lo que mantiene a cientos de familias en incertidumbre por la pérdida de sus ahorros.
Borbón también asegura que, tras una reunión con el cónsul, no se concretó ninguna de las promesas hechas en ese encuentro.
Además, denunció que personas que acuden al consulado en busca de ayuda terminan siendo remitidas a su contacto personal sin su autorización, para gestionar denuncias o procesos legales.
En su crítica final, sostiene que la supuesta estructura de apoyo a la diáspora no funciona como se presenta públicamente y que las víctimas necesitan acciones reales, no discursos oficiales ni actividades protocolares que, según dice, terminan legitimando eventos donde luego aparecen más afectados.