Ingenieros presionan al Gobierno por pagos tras Ley 16-26

La entrada en vigencia de la Ley 16-26 abrió una expectativa entre decenas de contratistas y profesionales de la construcción que llevan años esperando pagos del Estado dominicano. Ahora, ingenieros y arquitectos radicados en el exterior advierten que el proceso podría frenarse si el Gobierno no acelera la integración de la Comisión de Validación, Depuración y Pago.


Representante de contratistas del Estado hablando sobre deudas en entrevista


El respaldo fue dirigido al ingeniero Miguel Liberato, portavoz del Comité Institucional Codiano (CIC), quien ha reclamado que las autoridades completen cuanto antes la estructura de la comisión creada por la nueva legislación.


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Los profesionales sostienen que muchas de las obras reclamadas fueron ejecutadas, supervisadas y recibidas oficialmente, mientras continúan prestando servicio a la población pese a que sus constructores siguen sin cobrar.


La presión aumenta sobre Hacienda y Economía

En un documento público, los firmantes pidieron al Ministerio de Hacienda y Economía activar de inmediato la designación de los miembros pendientes de la comisión para iniciar la validación de expedientes y la programación de pagos.


Advirtieron que dejar la Ley 16-26 atrapada en trámites administrativos agravaría una crisis que arrastra consecuencias económicas y personales para numerosos contratistas vinculados a obras públicas.


El grupo afirmó que sigue de cerca el proceso desde el extranjero y manifestó solidaridad con los integrantes del Comité Institucional Codiano (CIC), muchos de los cuales aseguran haber soportado años de endeudamiento y dificultades financieras por la demora estatal.


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La credibilidad del Estado entra en juego

Los ingenieros también alertaron que la confianza institucional del país depende de que el Estado honre compromisos derivados de infraestructuras construidas y utilizadas por la ciudadanía.


En ese contexto, exhortaron a las autoridades a manejar el proceso con transparencia y rapidez, permitiendo que la Comisión de Validación, Depuración y Pago inicie sus trabajos sin más dilaciones.


Entre los firmantes aparecen Luis González, Alberto Guerra, Jacinto Santos, Manuel Aguilera, Franklin Rosario y las arquitectas María Ramos, Alejandra Montalvo y Renato Ventura.

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