República Dominicana se convertirá en punto de tránsito para migrantes deportados desde Estados Unidos, tras un acuerdo que permitirá el ingreso temporal de extranjeros expulsados por la administración de Donald Trump. La medida coloca al país en el centro de una estrategia migratoria que ya enfrenta críticas de organizaciones de derechos humanos.
El pacto establece que un "número limitado" de nacionales de terceros países podrá permanecer de forma excepcional en territorio dominicano mientras se organiza su retorno. El Gobierno aclaró que los deportados no podrán tener antecedentes penales y que el mecanismo excluye a ciudadanos haitianos y a menores no acompañados.
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La decisión surge en medio del endurecimiento migratorio impulsado por Washington, que ha buscado apoyo de otros gobiernos para descongestionar su sistema de deportaciones. En la práctica, República Dominicana asumirá un rol clave en la logística regional de repatriaciones.
Estados Unidos financiará la operación
El memorando de entendimiento, definido como "no vinculante", incluye respaldo financiero y operativo del gobierno estadounidense para cubrir la permanencia temporal de los deportados y facilitar su retorno ordenado a sus países de origen.
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Aunque el comunicado oficial no detalló las nacionalidades involucradas ni la cantidad exacta de personas que podrían llegar al país, el acuerdo confirma una coordinación directa entre ambos gobiernos en materia migratoria.
La medida también reaviva el debate sobre la presión migratoria en República Dominicana, especialmente por la crisis de Haití y las deportaciones masivas que el país ejecuta cada año en la frontera.
La exclusión de haitianos marca la línea política
El Gobierno dominicano dejó fuera del acuerdo a los ciudadanos haitianos, una decisión que refleja la sensibilidad política y social que rodea el tema migratorio en la isla.
En los últimos meses, las autoridades han reforzado los operativos contra inmigrantes irregulares procedentes de Haití, mientras distintos sectores reclaman controles más estrictos por el impacto económico y de seguridad.
Ahora, con este nuevo esquema impulsado desde Washington, República Dominicana no solo seguirá deportando migrantes, sino que también funcionará como estación temporal para extranjeros expulsados por Estados Unidos.