Samuel Pereyra demanda en EE.UU. a Carlos Rubio por presunta extorsión y difamación

El presidente del Consejo de Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA), Samuel Pereyra, anunció acciones legales en Estados Unidos contra Carlos Rubio, a quien acusa de extorsión, difamación y uso indebido de información e imágenes relacionadas con su familia, incluyendo a sus hijos menores de edad.


Samuel Pereyra y Carlos Rubio sobre fondo artístico azul y geométrico en una ilustración informativa


La denuncia fue divulgada por Pereyra a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que decidió acudir a tribunales tras negarse a entregar una "ayuda económica" que, según afirma, derivó en ataques sistemáticos en redes sociales dirigidos a dañar su reputación personal y profesional.


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El funcionario informó que la demanda fue presentada en el estado de Florida, lugar donde reside actualmente Rubio.


Pereyra dice que busca sentar un precedente

En un extenso mensaje, el también exadministrador de Banreservas sostuvo que durante años evitó responder públicamente a ataques vinculados al ejercicio de funciones públicas, pero afirmó que la situación cambió cuando las publicaciones comenzaron a involucrar a su familia.


"Una cosa es aceptar los ataques que usualmente vienen con el cargo público y otra muy diferente es permitir que utilicen lo más sagrado que tengo en la vida, mi familia, para tratar de extorsionarme", expresó.


Demanda judicial por difamación de Samuel Pereyra contra Carlos Enrique Rubio en corte de Miami-Dade


Pereyra aseguró que este tipo de prácticas representan una amenaza para la vida institucional del país, al provocar que ciudadanos eviten participar en el servicio público por temor a campañas de descrédito y exposición familiar.


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Llama a enfrentar esquemas de chantaje digital

El presidente de REFIDOMSA hizo un llamado a empresarios, periodistas, políticos y funcionarios para rechazar lo que definió como esquemas de chantaje y presión económica a través de redes sociales.


También reiteró su respaldo a la libertad de expresión y al derecho a la crítica, aunque sostuvo que la difamación, la extorsión y la exposición de menores deben ser sancionadas conforme a la ley.


El caso abre un nuevo debate sobre los límites entre denuncia pública, presión digital y responsabilidades legales en plataformas sociales.


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