La presión sobre la cárcel Delaney Hall, en Nueva Jersey, escaló tras las denuncias de hacinamiento, hambre y supuestos abusos contra inmigrantes detenidos, mientras el congresista Adriano Espaillat reclama el cierre del centro y Donald Trump desacredita las protestas de familiares.
Decenas de personas permanecen frente a la prisión denunciando condiciones inhumanas para los detenidos, en medio de episodios de tensión y violencia registrados durante las manifestaciones.
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Trump niega abusos y llama "farsantes" a manifestantes
El presidente de Estados Unidos aseguró que las denuncias sobre el trato a los inmigrantes carecen de credibilidad y afirmó que las protestas están organizadas por personas pagadas.
"Todos están pagados, tenemos las mejores instalaciones de este tipo en todo el mundo", declaró Trump al rechazar las acusaciones sobre la situación dentro de Delaney Hall.
Sin embargo, familiares de los detenidos insisten en que la alimentación es deficiente, existen restricciones médicas y persisten condiciones de hacinamiento extremo.
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Espaillat denuncia huelga de hambre y trato degradante
El congresista de origen dominicano y presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC) visitó la prisión esta semana tras obtener acceso mediante una orden judicial que obliga a Inmigración a permitir supervisión congresual.
Espaillat aseguró haber encontrado detenidos bajo intimidación, temor a represalias y servicios médicos "horribles", además de una huelga de hambre que involucra a unas 300 personas, entre ellas algunos dominicanos.
El legislador calificó las condiciones dentro del centro como "crueles, inhumanas e intolerables".
Gobernadora de NJ no pudo ingresar a la prisión
Durante las inspecciones también acudieron el senador federal Andy Kim y el congresista Rob Méndez.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, intentó visitar las instalaciones, pero ICE le negó el acceso al recinto, aumentando las críticas sobre la falta de transparencia en el manejo del centro migratorio.
Tras la visita, Espaillat anunció que impulsará la Ley del Derecho de los Gobernadores a Inspeccionar, iniciativa que busca eliminar restricciones legales para supervisar centros de detención dentro de sus estados.