La entrada en vigor del nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal ha encendido las alarmas en el sector salud. El Colegio Médico Dominicano (CMD) sostiene que las nuevas disposiciones podrían transformar errores médicos no intencionales en procesos penales, generando efectos directos sobre la atención a los pacientes.
El gremio considera que las leyes 74-25 y 97-25 crean un escenario de inseguridad jurídica para los profesionales de la salud, al ampliar la posibilidad de que decisiones clínicas terminen bajo investigación criminal.
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El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, advirtió que el temor a enfrentar procesos judiciales podría impulsar la llamada medicina defensiva, una práctica en la que los médicos priorizan protegerse legalmente antes que asumir procedimientos complejos o de alto riesgo.
El gremio teme más costos y menos acceso a especialistas
Según el CMD, este nuevo escenario podría traducirse en mayores gastos para los pacientes, retrasos en decisiones clínicas y dificultades para acceder a servicios especializados.
Peña Núñez sostuvo que la medicina se desarrolla en contextos de incertidumbre y que no todos los resultados adversos deben interpretarse como delitos.
Por esa razón, la organización plantea que los conflictos derivados de la práctica médica que no involucren dolo, fraude o negligencia temeraria sean conocidos en jurisdicciones civiles, administrativas o disciplinarias, en lugar de la vía penal.
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"No buscamos impunidad, sino un equilibrio entre los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los profesionales", afirmó el dirigente.
Preocupación por el homicidio involuntario y la falta de precisión
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la inclusión y ampliación de figuras como el homicidio involuntario dentro del nuevo Código Penal.
El CMD entiende que, sin protocolos específicos para el ejercicio médico, podrían producirse interpretaciones que desemboquen en condenas injustas derivadas de complicaciones inherentes a la práctica clínica.
Peña Núñez también cuestionó que la legislación trate el tema desde criterios generales sin distinguir las particularidades de la actividad médica ni las diferencias operativas entre centros hospitalarios.
"No será culpa del médico cuando los hospitales no estén a la altura", expresó al referirse a las limitaciones estructurales que enfrentan numerosos centros de salud.
La batalla se trasladará al Tribunal Constitucional
El Colegio Médico Dominicano anunció que llevará sus objeciones ante el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional con el objetivo de impulsar modificaciones o aclaraciones que eviten interpretaciones perjudiciales para el ejercicio profesional.
La organización insistió en que la aplicación del Código Procesal Penal debe garantizar el debido proceso y evitar que las acciones judiciales sean utilizadas como mecanismos de presión contra los médicos.
El gremio cerró filas en defensa de sus miembros y aseguró que mantendrá su oposición a cualquier medida que considere una amenaza para la práctica médica en República Dominicana.