La iniciativa que busca descontar salarios a los docentes que participen en huelgas ha abierto un debate jurídico sobre los límites entre el derecho a la protesta laboral y la obligación de garantizar la continuidad de la enseñanza en las escuelas públicas.
Mientras algunos especialistas consideran que la medida tiene respaldo legal, otros advierten que la propuesta no resolvería el problema de fondo y plantean mecanismos alternativos para proteger simultáneamente los derechos de los maestros y de los estudiantes.
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La discusión surge luego de que varios legisladores promovieran una propuesta orientada a aplicar descuentos salariales a los profesores que se ausenten de las aulas durante paros de docencia.
Jurista defiende legalidad de los descuentos
La abogada Yolemny Cruz sostiene que la iniciativa se encuentra amparada por la legislación dominicana y entiende que no constituye una violación al derecho constitucional de protesta.
A su juicio, el hecho de que un trabajador participe en una huelga no impide que el empleador aplique consecuencias vinculadas a la prestación efectiva del servicio, especialmente cuando se trata de funciones esenciales para la sociedad.
La especialista considera que la propuesta puede coexistir con las garantías constitucionales reconocidas a los trabajadores.
Plantean sanciones distintas a los descuentos
Una posición diferente expresó el abogado Robinson Reyes, quien calificó la iniciativa como un error desde el punto de vista jurídico y administrativo.
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Según explicó, las interrupciones prolongadas de la docencia afectan directamente el derecho de los estudiantes a recibir educación, por lo que entiende que el debate debe enfocarse en mecanismos disciplinarios distintos a los descuentos salariales.
Reyes sugirió que los gremios recurran a otras formas de protesta que permitan defender reivindicaciones laborales sin paralizar las actividades educativas.
Sentencias han limitado paros docentes
El debate se desarrolla en un contexto marcado por decisiones judiciales que han restringido la suspensión de clases en determinadas circunstancias.
En 2023, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís ordenó a la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Consuelo abstenerse de promover paros durante los días de docencia regular, además de imponer un astreinte por incumplimiento.
De igual forma, el Tribunal Constitucional ratificó una sentencia emitida en Barahona en 2017 contra la ADP de esa provincia por la suspensión de actividades educativas, reforzando el criterio de protección al derecho de los estudiantes a recibir clases de manera continua.
La controversia mantiene enfrentadas las posiciones sobre cómo equilibrar los derechos laborales del magisterio con la garantía constitucional de acceso permanente a la educación.