La inusual propuesta de Ramfis Trujillo si gana la presidencia

La propuesta de aumentar el subsidio de Supérate hasta RD$50,000 mensuales por beneficiario durante uno o dos años implicaría un desembolso de alrededor de RD$5.16 billones en un período de 24 meses, una cifra que reabre el debate sobre la sostenibilidad de los programas de asistencia social en República Dominicana.


El político Ramfis Domínguez Trujillo sonríe durante una entrevista en un set de televisión


El planteamiento fue realizado por Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), quien considera que el esquema actual de ayudas estatales resulta insuficiente frente al costo de vida y requiere una transformación profunda.


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Según los datos expuestos, el programa beneficia de forma indirecta a más de 4.3 millones de personas. Bajo la propuesta, el gasto adicional alcanzaría RD$215,000 millones mensuales, tomando como referencia un subsidio de RD$50,000 para cada beneficiario.


La propuesta multiplica el presupuesto actual de asistencia

El dirigente cuestionó que las familias reciban actualmente RD$1,500 mensuales a través de la tarjeta Supérate, argumentando que el monto está muy por debajo del costo de la canasta básica.


Durante sus declaraciones, sostuvo que el apoyo económico debería ser suficiente para cubrir necesidades esenciales mientras los beneficiarios fortalecen sus capacidades para incorporarse al mercado laboral.


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De acuerdo con sus estimaciones, mantener el aumento durante dos años representaría una erogación acumulada cercana a los RD$5.16 billones únicamente por concepto del incremento planteado.


Plantea ayuda temporal y capacitación laboral

Domínguez Trujillo aseguró que el subsidio ampliado tendría un carácter transitorio, limitado a un período de entre uno y dos años, con el propósito de facilitar una transición económica para las familias de menores ingresos.


Asimismo, expresó que el modelo de asistencia social debe orientarse hacia la formación y la generación de oportunidades de empleo, con el objetivo de reducir la dependencia prolongada de los programas estatales.


La propuesta surge en medio de las discusiones sobre el alcance de las políticas sociales, el costo de la canasta básica y la capacidad fiscal del Estado para sostener programas de apoyo de gran escala.

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