La politización de la justicia o la judicialización de la política son fenómenos utilizados como arma para degradar, desprestigiar, inhabilitar y perseguir adversarios, mediante falsas acusaciones. Denuncias infundadas, en muchos casos en complicidad con medios de comunicación para instalar una condena social antes de que haya un juicio justo oral y contradictorio.
En las últimas décadas en América Latina la judicialización de la política se ha convertido en parte de la realidad latinoamericana y como mediante este uso indebido de los sistemas judiciales se cometen abusos en los procedimientos legales, como la fabricación de acusaciones, la violación de la presunción de inocencia y el uso excesivo de la prisión preventiva, causando daños irreparables en su reputación.
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En la región el uso indebido de la justicia conocido por Lawfare, tiene
muchos ejemplos como en Brasil con el presidente Lula, Paraguay con el ex
presidente Fernando Lugo, Argentina con la ex presidenta cristina Fernandez
de Kirchner, Ecuador con el ex presidente Rafael Correa y con el ex
vicepresidente George Glass, Perú con el ex presidente pedro Castillo y
otros casos que vulneran las garantías fundamentales.
La República Dominicana en estos casos no ha sido la excepción, aquí
también se aplico el Lawfare en contra de dirigentes políticos del Partido
de la Liberación Dominicana PLD, quienes han sido víctimas de amplios
expedientes de corrupción, que corresponden a una estrategia de persecución
política orientada a inhabilitarlos y dañar su imagen de cara a los procesos
electorales.
Durante años muchos dirigentes del PLD enfrentaron medidas restrictivas,
procesos judiciales, afectaciones económicas y graves daños a su reputación
personal, todo esto mediante sometimientos abusivos, destinados a hacer
daños o destruir al partido y que lo único que han hecho es poner en riesgo
la democracia mediante una grosera utilización política de los mecanismos de
justicia.
El PLD al fijar su posición sobre el no ha lugar que favoreció a los
compañeros Gonzalo Castillo y José Ramon Peralta y al reflexionar sobre
todos los compañeros que han sido absueltos por los tribunales, después de
años de procesos judiciales, medidas restrictivas y exposición pública,
señalo que," ninguna decisión judicial puede devolver completamente el
tiempo perdido".
En declaraciones públicas el secretario general del PLD Johnny Pujols,
expreso que," el tribunal reconoció lo que durante años sostuvieron el
partido, familiares y sectores de la sociedad dominicana en el sentido de
que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento
suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo", lo que constituye
también una reivindicación moral.
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Agregando que, "El PLD cree en su inocencia, pero además la Constitución de la República lo garantiza, es un principio constitucional la presunción de inocencia", al referirse a dirigentes de esa organización, quienes durante años fueron sometidos a prisión preventiva y a campañas de descrédito público. "La justicia no solo debe sancionar cuando corresponde, sino también reconocer y proteger los derechos de quienes resultan inocentes".
La declaracioón del PLD es bien clara, "La Justicia debe servir a la Verdad
y no a la Política", proponiendo que la sociedad dominicana asuma el
compromiso de que nunca más la justicia sea utilizada como instrumento de
competencia politica, las ruedas de prensa sustituyan las decisiones de los
tribunales y la filtración selectiva de expedientes se convierta en un
mecanismo de condena anticipada.
La utilización selectiva de la justicia con fines politicos y convertir los
tribunales en espacios de confrontación partidaria, en nada contribuyen al
fortalecimiento del sistema democrático, el lawfare o guerra juridica como
arma politica con acusaciones que carecen de pruebas sólidas, es una
práctica que socava los derechos fundamentales de los ciudadanos, haciendo
peligrar no sólo la estabilidad política y económica de un Estado, sino
también las libertades de los individuos.
La justicia no debe ser usada como un instrumento de competencia politica,
por sectores inescrupulosos , que buscan desgastar la imagen pública y
desligitimar dirigentes, movimientos o partidos, impedir candidaturas o
participación electoral de las fuerzas progresistas, lo que hace que la
justicia sea vista como actor politico, cuyas decisiones pueden sustituir el
debate democrático.
El momento es adecuado para una profunda reflexión de la sociedad, sobre
los graves daños de la judicialización politica, la igualdad de todos los
sectores politicos en la aplicación de justicia, una verdadera independencia
institucional y un transparente y real combate a la corrupción, con procesos
legales efectivos, sin impunidad selectiva, con respeto al debido proceso y
a la presunción de inocencia.
Por Luis Fernández
Analista político y escritor