La Ley 30-26, presentada por el Gobierno como una respuesta para enfrentar la crisis económica internacional, enfrenta fuertes cuestionamientos de economistas y analistas, quienes sostienen que la normativa aumentará los costos para hogares y empresas, afectará la competitividad y no corrige los problemas estructurales de las finanzas públicas.
Uno de los cambios más discutidos es el incremento del impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas, que pasó de 1.5 por mil a 2.0 por mil. Aunque la ley mantiene exenciones para determinadas operaciones, especialistas advierten que el mayor costo recaerá sobre quienes utilizan el sistema financiero formal.
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Advierten mayor carga para empresas y consumidores
Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), afirmó que la Ley 30-26 tendrá un impacto negativo sobre hogares y empresas al elevar el costo de vivir y hacer negocios.
Desde el sector empresarial, Andrés Dauhajre hijo calificó la normativa como un "dinosaurio impositivo" y sostuvo que la carga tributaria podría resultar proporcionalmente mayor para pequeños negocios que para grandes empresas. En la misma línea, Luis Vargas consideró que la legislación desincentiva el crecimiento económico y cuestionó su coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
El gasto público centra parte de las críticas
Los especialistas también señalan que la legislación no enfrenta el problema que consideran de fondo: el déficit fiscal estructural. La economista Ellen Pérez Ducy indicó que el desbalance de las cuentas públicas no responde únicamente al contexto internacional, sino a factores internos que requieren reformas más profundas.
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Varios analistas plantean que, antes de aumentar la carga tributaria, el Gobierno debería revisar el gasto público y priorizar medidas que fortalezcan la sostenibilidad fiscal.
Piden revisar la ley y fortalecer la competitividad
Entre las propuestas planteadas figuran una revisión de la Ley 30-26, un mayor control del gasto público, reformas que impulsen la competitividad y una evaluación integral del sistema tributario con participación de los sectores productivos.
Los economistas advierten que el aumento del costo de las transacciones bancarias también podría desincentivar la bancarización y favorecer el regreso de parte de la actividad económica a la informalidad, en un momento en que la República Dominicana compite por atraer nuevas inversiones.