Gobierno activa modelo de servicios públicos anticipados

Los ciudadanos podrán recibir servicios del Estado sin iniciar un trámite, gracias al nuevo reglamento que pone en marcha la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, un modelo que busca anticipar necesidades a partir de eventos de vida legalmente verificables.


Fachada del edificio del Ministerio de Administración Pública (MAP) con la bandera dominicana


El Poder Ejecutivo oficializó la medida mediante el Decreto 384-26, que establece las reglas obligatorias para diseñar, implementar, operar y evaluar los servicios proactivos en las instituciones bajo dependencia del Poder Ejecutivo.


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Estado anticipatorio y uso de datos

La estrategia se desarrollará mediante un Portafolio Nacional por Eventos de Vida y se apoyará en interoperabilidad, gobernanza de datos, trazabilidad, auditoría, atención omnicanal y supervisión humana cuando la legislación o la naturaleza del caso lo requieran.


El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que el reglamento marca el paso de una administración reactiva hacia un Estado anticipatorio, capaz de identificar situaciones como nacimientos, educación, empleo o jubilación para activar servicios de manera automática.


MAP y Ogtic liderarán la implementación

El Ministerio de Administración Pública asumirá la rectoría funcional, la coordinación metodológica y el seguimiento de la estrategia, además de emitir los lineamientos técnicos para su aplicación.


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La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) será responsable de implementar y operar las plataformas tecnológicas necesarias, mientras que cada ministerio y organismo conservará la gestión de sus servicios, los criterios de elegibilidad y la calidad de los datos bajo su responsabilidad.


Quiénes quedan fuera del reglamento

La normativa no será obligatoria para los órganos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales, aunque podrán adoptar sus principios de forma voluntaria.


También quedan excluidos los servicios, registros y plataformas que no dependan del Poder Ejecutivo o que no formen parte del modelo de servicios proactivos previsto en el decreto.

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