La discusión del nuevo Código Penal sumó nuevas críticas tras las advertencias de juristas que consideran que el proyecto incorpora disposiciones que podrían limitar la responsabilidad penal de instituciones públicas y abrir la puerta a procesos contra el periodismo de investigación.
La abogada constitucionalista Patricia Santana afirmó que una de las mayores preocupaciones es la eximente de responsabilidad penal que, según explicó, favorece al Estado, las instituciones públicas, los partidos políticos, las iglesias y sus representantes. A su juicio, esa disposición representa un riesgo para la aplicación equitativa de la justicia.
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Preocupa el alcance del delito de espionaje
Santana también cuestionó la redacción del artículo sobre espionaje, al entender que podría utilizarse para perseguir penalmente a periodistas de investigación y a integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
La jurista llamó a ambos sectores a examinar con atención el contenido del proyecto antes de su aprobación definitiva, debido al impacto que podría tener sobre el ejercicio de sus funciones.
Piden una revisión más profunda del proyecto
La abogada Mary Fernández criticó la velocidad con la que el Congreso Nacional estudia la iniciativa y consideró que los legisladores deben dedicar más tiempo a corregir los artículos que presenten deficiencias.
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Fernández sostuvo que no existe justificación para acelerar la aprobación de una normativa de amplio alcance y advirtió que la ciudadanía sería la principal afectada si el Código Penal entra en vigor con disposiciones que requieran posteriores correcciones.