Aunque el grupo de Miguel Vargas, ha tratado con un urgencia de construir una falsa percepción que justifique su fallida convención, mediante una orquestación política mediática que influya en el ánimo de la sociedad y de los encargados de administrar justicia, la condena ciudadanía es ética, firme e irrevocable; ahora, el país y la sociedad esperan la decisión del Tribunal Superior Electoral.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara reiteró su decisión de permanecer en la senda de la institucionalidad para defender sus derechos dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Recordó que hoy, martes 30 de septiembre, el Tribunal Superior Electoral celebrará audiencia para decidir sobre sus reclamos de anulación de la XXX Convención del PRD, debido a las irregularidades que se cometieron en ese proceso celebrado el 20 de julio.
“La fallida convención que deberá anular el Tribunal Superior Electoral en una correcta administración de justicia; por haber perturbado y desacatado su propia sentencia, así como también, violar la constitución y las leyes de la republica, en un franco desafío al estado de derecho prevaleciéndose de un supuesto amarre político”, explicó.
Gómez Mazara, al explicar las razones que lo motivan a insistir en reclamo legal de sus derechos y del respeto a la institucionalidad del PRD, enumeró las pruebas que depositó en el tribunal electoral:
A-actas certificadas por presidentes y secretarios que no están en el padrón. B) Actas firmadas con cédulas falsas. C) Actas que superan el número de votantes hábiles, en el padrón. D) Actas de distintos colegios electorales con las mismas firmas). Actas de escrutinio de votos de lugares donde la CNO suspendió la convención. F) Invalidación por actos notariales. G) Actas adulterada, duplicadas y presentadas en diferentes centros H) Dislocamiento de centros de votación .I) centro de votación en casa de miguelistas en desacato a lo dispuesto por el TSE. J) Actas sin identificar, carentes de cedulas y nombres. K) Funcionarios de CLO no acreditados por la CNO. Por solo citar una parte de gran legajo de pruebas depositado en el TSE y que haremos valer en justicia.
A continuación, el texto completo de la declaración del Dr. Guido Gómez Mazara:
¡Por la democracia dominicana, por 75 años de historia del PRD!
La sociedad dominicana y en especial el Partido Revolucionario Dominicano asisten este martes 30 de septiembre a un nuevo capítulo de su historia por la democracia, la institucionalidad, el estado de derecho y los principios que encarnan los intereses patrióticos; en el escenario del Tribunal Superior Electoral.
“La Comisión Nacional Organizadora no entregó ni depósito el padrón de concurrentes a lo que estaba obligada mediante sentencia del TSE lo que implícitamente revela que la fallida convención solo fue una ficción fraudulenta en la que tampoco admitieron delegados en igual desacato a otra sentencia del TSE”
He decidido transitar la vía institucional para defender mis derechos y el de todos aquellos que como yo, nos reafirmamos como demócratas en el discurso y en los hechos. Luego de vivir la desagradable experiencia, de lo que debió ser una fiesta de la democracia, en la que la militancia de mi partido se expresara en libertad y no que sucediera, el espectáculo primitivo, antidemocrático y de mal gusto que la prensa nacional le permitió al país ver y ser testigo de primera mano, de esa fallida convención del pasado 20 de julio.
La XXX Convención Ordinaria de mi partido fue sin dudas, una vergüenza que estimula el escepticismo en el sistema de partidos y en los hombres y mujeres que ejercemos la política como actividad fundamental y pública en nuestra vida, toda vez, que en la fallida convención se conculcaron los derechos tanto de candidatos como militantes, de forma burda y grosera y que nosotros, de manera civilizada, enérgica y por la vía institucional, nos hemos encaminado para hacer que prevalezca el sistema de derecho e impedir que el primitivismo antidemocrático se imponga.
La fallida convención que deberá anular el Tribunal Superior Electoral en una correcta administración de justicia; por haber perturbado y desacatado su propia sentencia, así como también, violar la constitución y las leyes de la republica, en un franco desafío al estado de derecho prevaleciéndose de un supuesto “amarre político”.
Las pruebas que hemos depositado en el tribunal electoral, van desde:
A) -actas certificadas por presidentes y secretarios que no están en el padrón. B) Actas firmadas con cédulas falsas. C) Actas que superan el número de votantes hábiles, en el padrón. D) Actas de distintos colegios electorales con las mismas firmas). Actas de escrutinio de votos de lugares donde la CNO suspendió la convención. F) Invalidación por actos notariales. G) Actas adulterada, duplicadas y presentadas en diferentes centros H) Dislocamiento de centros de votación .I) centro de votación en casa de miguelistas en desacato a lo dispuesto por el TSE. J) Actas sin identificar, carentes de cedulas y nombres. K) Funcionarios de CLO no acreditados por la CNO. Por solo citar una parte de gran legajo de pruebas depositado en el TSE y que haremos valer en justicia.
A todo esto se le agrega que, la Comisión Nacional Organizadora no entregó ni depósito el padrón de concurrentes a lo que estaba obligada mediante sentencia del TSE lo que implícitamente revela que la fallida convención solo fue una ficción fraudulenta en la que tampoco admitieron delegados en igual desacato a otra sentencia del TSE.
La tragicomedia convencional del pasado 20 de julio matizado por la chapucería, la exclusión, la violencia, la ilegalidad, la ilegitimidad propia de una práctica política mediocre y autoritaria de parte de los que ostentan el control vacío de unas siglas, ha recibido ya la sentencia condenatoria de un país y de una ciudadanía que aspira a una vida pública e institucional plural y decente; rechazando la truculencia antidemocrática y las oscuras tratativas que destruyen las instituciones de un sistema democrático.
Aunque el grupo de Miguel Vargas, ha tratado con un urgencia de construir una falsa percepción que justifique su fallida convención, mediante una orquestación política mediática que influya en el ánimo de la sociedad y de los encargados de administrar justicia, la condena ciudadanía es ética, firme e irrevocable; ahora, el país y la sociedad esperan la decisión del Tribunal Superior Electoral.