El Foro Feminista, representado por Sergia Galván, reiteró ayer su reclamo de que se mantenga en el Código Penal las causales de no penalidad para los casos de aborto por violación, incesto o mal formación de feto y rechazan que se cree una ley especial como fue aprobado por los congresistas, luego de las observaciones del Poder Ejecutivo.
El planteamiento fue hecho durante una reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que preside Demóstenes Martínez, quien adelantó que el Código será presentado al hemiciclo con su informe tal como fue consensuado en la ocasión anterior.
“Apoyamos que se apruebe lo que ya acordamos bajo consenso, después de las observaciones del presidente Danilo Medina y es que se cree una ley especial para tratar lo relativo al aborto”, dijo el congresista.
Controversia. Uno de los artículos que ha generado mayor controversia es el 110 que establece: “la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible”.
Además, que “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley”.
Las iglesias Católica y Evangélica mantienen su postura de rechazar el aborto en todas sus circunstancias.
En la reunión estuvieron presentes también los diputados Juan Julio Campos, Juan José Morales, Carlos Guzmán, Henry Merán, Néstor Cruz Pichardo y Aníbal Rosario, entre otros.
En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Código Penal Dominicano (Ley 550-14) y restableció la vigencia del anterior que data desde 1884.
El recurso fue interpuesto por las fundaciones Justicia y Transparencia (FJT), Transparencia y Democracia y Matrimonio Feliz en contra de los artículos 107, 108, 109 y 110 que tratan de la interrupción del embarazo. Sin embargo, el TC dispuso su anulación por considerar que la Cámara de Diputados produjo un “vicio sustancial” del procedimiento legislativo al aprobar unilateralmente, sin el correspondiente envío al Senado, de las observaciones del Poder Ejecutivo a varios artículos de la nueva legislación.
“El vicio de procedimiento a que hemos hecho alusión afecta irremediablemente la validez y constitucionalidad del Código y, por consiguiente, este debe ser expulsado del ordenamiento -sin necesidad de diferir temporalmente sus efectos- porque aún no ha entrado en vigencia”, establece la sentencia.