La posible explotación de oro, plata y cobre en San Juan ha abierto un conflicto que enfrenta desarrollo económico y protección ambiental, con comunidades que advierten riesgos directos sobre el agua y la agricultura.
El proyecto Romero, impulsado por la empresa GoldQuest Mining Corporation, se ubica en una zona estratégica de la Cordillera Central, donde nacen fuentes hídricas esenciales para la producción agrícola del sur. En esta provincia, conocida por su alta productividad, cualquier intervención sobre los recursos naturales impacta de forma inmediata la economía local.
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Un territorio agrícola en tensión
San Juan sostiene gran parte de la producción nacional de habichuelas, además de cultivos como maíz, arroz y guandules. Por eso, sectores sociales consideran que introducir actividad minera en la zona implicaría alterar su base productiva.
El plan extractivo se concentra en Tireo y abarca cerca de 3,997 hectáreas, aunque las concesiones vinculadas a la empresa superan las 22 mil hectáreas. Desde inicios de los años 2000, el área ha sido objeto de exploraciones que incluyen más de 170 perforaciones y unos 47 mil metros de excavación.
El debate se intensificó en 2015, cuando se confirmaron reservas superiores al millón de onzas de metales, lo que activó tanto el interés económico como la oposición social.
Comunidades alertan por impacto ambiental
Agricultores, organizaciones y líderes religiosos han elevado su rechazo, agrupados en movimientos como Suroeste Unido por el Agua y la Vida. La principal preocupación gira en torno a la posible contaminación del río San Juan y otros afluentes que sostienen la producción agrícola.
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En comunidades como La Higuera, El Naranjal, Juan de Herrera y Hondo Valle, residentes aseguran que las actividades de exploración ya han generado cambios visibles en el entorno.
A esto se suma el escepticismo frente a los beneficios económicos prometidos, que muchos consideran insuficientes frente a los posibles daños a largo plazo.
Empresa defiende viabilidad del proyecto
Desde GoldQuest Dominicana, su director Luis Santana sostiene que la iniciativa podría dejar entre 56 % y 57 % de los beneficios al Estado. También afirma que se trata de minería subterránea, sin uso de cianuro ni mercurio.
No obstante, confirmó la utilización de ANFO como explosivo, un punto que ha generado críticas de expertos, quienes advierten sobre posibles filtraciones de nitratos que afectarían la calidad del agua.
El caso de Cotuí aparece con frecuencia en el debate como referencia de impactos ambientales asociados a la minería, lo que ha reforzado consignas de rechazo en la provincia.
Gobierno espera estudios antes de decidir
Las autoridades han evitado fijar una posición definitiva. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que el proyecto sigue en مرحلة de evaluación ambiental, proceso que determinará su viabilidad.
El funcionario subrayó que no habrá aprobación sin resultados técnicos concluyentes y que será clave la aceptación de las comunidades involucradas.
Más allá del resultado final, el proyecto Romero ha puesto sobre la mesa una discusión de fondo: qué modelo de desarrollo debe priorizar el país y hasta qué punto está dispuesto a comprometer sus recursos naturales en busca de ingresos económicos.