Para el pasado legislador, el conflicto generado por la destrucción de propiedades privadas y públicas debe ser el espacio que arroje luz a situaciones que desde hace años debieron estar “suficientemente definidas, de forma tal que las comunidades sientan que la riqueza que tienen enfrente le genera bienestar material y social”.
“Entre otras situaciones, debe clarificarse los reales linderos de los terrenos arrendados, así como el destino de los recursos millonarios que el arrendatario Consorcio Azucarero Central ha entregado al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas ( FONPER)”, subrayó.
Méndez dijo que esos recursos no se han retribuido a los residentes en las comunidades cañeras, que son quienes mayormente generan esa riqueza, ya que el 90 por ciento de las plantaciones del Ingenio Barahona están en la provincia Bahoruco.