Con ese propósito, presentaron un recurso de oposición a la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que excluye la incorporación de la declaración de Alejandro Arias Zarzuela, otrora embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana ante la República Federativa de Brasil, contenida en la prueba 2.5 (2F).
Mediante la incorporación de esa evidencia y de un acta de declaratoria pública, que forman parte de los documentos enviados desde Brasil a las autoridades dominicanas, los fiscales litigantes buscan seguir sustentando la acusación del Ministerio Público respecto a los US$92 millones en sobornos que distribuyó en el país la empresa Odebrecht para lograr la adjudicación de obras del Estado.
El titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, dijo que la prueba debe ser incorporada porque fue depositada y recibida por el tribunal y las partes.
“Hoy hemos demostrado al tribunal que la prueba a la que hacemos referencia fue cotejada por la Secretaría del tribunal; fue recibida, incluso, se le estableció un comentario a la prueba entregada por el Ministerio Público”, expresó.
Manifestó que “no hay forma de que se pueda decir que el Ministerio Público no ha entregado la evidencia”, y precisó que fue entregada traducida al español.
El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que no hay una sola falta que pueda ser atribuible al Ministerio Público, tras responder preguntas de los periodistas que cubren el proceso.
“De eso tiene constancia el Ministerio Público, porque tiene una acusación recibida, porque tiene esa oferta probatoria recibida, anotada y cotejada por la secretaria del tribunal”, señaló antes en la sala la fiscal Mirna Ortiz, quien también detalló que el contenido de esa prueba se debatió en la audiencia preliminar lo que demuestra que forma parte de los documentos entregados al tribunal.
Pasado el mediodía, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo suspendieron la audiencia hasta las 2:30 de la tarde.
El proceso judicial se sigue en contra de los imputados Ángel Rondón Rijo, quien fungió como representante de Odebrecht en sus negocios con el Estado dominicano, y por igual contra Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de la provincia San Cristóbal, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, así como del exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Víctor Díaz Rúa, también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas, y el también exdirector del Inapa, Roberto Rodríguez Hernández.
El Ministerio Público les atribuye incurrir en los delitos de soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
En esta etapa del proceso se conoce la oferta probatoria documental.
El tribunal excluyó la declaración del embajador luego de acoger el pedimento de la defensa técnica del imputado Andrés Bautista García, a la cual se adhirieron los abogados de los demás imputados.
Sin embargo, los fiscales han destacado que hubo manipulación de las pruebas.