Qué Política, Santo Domingo.- A propósito de que en breve tiempo el país
estará sumergido en una amplia campaña proselitista,
Participación Ciudadana
llama la atención al Gobierno, a los partidos, los órganos electorales y
el público en general, acerca de lo que ha sido un tema tan recurrente,
como inadmisible,
consistente en el uso de los recursos públicos para campaña.
Se trata del aprovechamiento del poder público para fines
privados. “Es decir, de corrupción. En particular, destaca el uso abusivo
de la publicidad estatal para resaltar la figura presidencial o de
determinados funcionarios, promocionando supuestos logros, instituciones y
obras de infraestructura que no ameritan propaganda, debido a que no
conllevan valor de mercado para el consumidor”.
PC hace
referencia a que “el 12 de mayo pasado aparece en los medios una
declaración pública del presidente Luis Abinader, mediante la cual
manifiesta su disposición a mantenerse vigilante para impedir que los
recursos del Estado sean usados en campaña, indicando que en su Gobierno
no pasará lo que ha sido común en el pasado”.
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“Pero tal parece que el presidente
no ha visto los frecuentes anuncios del Ministerio de Obras Públicas,
promocionando los supuestos progresos en la reparación de la Autopista
Duarte como si se estuviera promoviendo un producto que se vende en los
supermercados; o los habituales espacios pagados de Proconsumidor y la
propia Presidencia, mostrando datos en que compara el costo de la canasta
básica entre diferentes países, usando números claramente inventados”.
Según datos publicados en la página web de la Dirección
General de Presupuesto, durante el pasado año 2022 el
Gobierno gastó RD$6,375 millones en publicidad
y propaganda, lo que constituye casi el doble que lo destinado a ese fin
el año anterior, cuando se habían gastado 3,651 millones de pesos.
Con eso –dice PC- el presente gobierno casi iguala, en
términos reales, las cifras escandalosas que acostumbraban gastar en
propaganda los gobiernos del PLD que, en su año de mayor esplendor en el
2019, llegaron a gastar 6,995 millones de pesos, en valor actual, aunque
en valores corrientes eran RD$5,215 millones.
“Esto es mucho
decir, toda vez que uno de los aspectos que más molestaban a la opinión
pública del país, era la cantidad de anuncios, opiniones prepagadas y
cantos de alabanza que se agenciaban con el dinero de los contribuyentes,
cosas que se suponía iban a ser erradicadas con el cambio de gobierno”.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana hace un
enfático llamado a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior
Electoral a asumir sus responsabilidades relativas a este tipo de
propaganda.
“Más aún, hay evidencia de que la pasada gestión
de la Junta Central Electoral se hizo de la vista gorda ante la profusa
campaña que llevaban a cabo candidatos a la presidencia o al Congreso con
dinero sucio, habiendo aceptado informes con datos falseados sin ni
siquiera investigar su veracidad, cuando estaba a la vista de todo el
mundo el exceso que los propios protagonistas calificaran como la campaña
más cara de la historia”.
Y mucho más –dice Participación
Ciudadana- cuando, “si aceptamos como válidos los datos contenidos en el
expediente de la Operación Calamar, a lo cual tenemos derecho porque fue
admitido como verdad por la mayoría de los implicados, en adición a la
publicidad gubernamental se usaron miles de millones de pesos gastados
privadamente, pero pagados con fondos extraídos irregularmente del
presupuesto público”.
“Siempre estamos confiados en que, dado
el cambio de contexto, aquello no volverá a ocurrir, pero advertimos que
no basta con el trabajo del Ministerio Público, pues la JCE tiene una
misión indelegable en cuidar por la limpieza de la campaña, la limitación
cuantitativa y la pulcritud cualitativa de los recursos usados. Igualmente
esperamos la existencia de un régimen de consecuencias aplicables a
quienes incumplan con las disposiciones al respecto”, concluyó PC, a
través de un comunicado.