El Partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó al pleno de la Junta Central Electoral de entregarse a los brazos del gobierno, con el borrador de la resolución sobre el porcentaje de las reservas de las candidaturas dispuesto por la Ley 33-18, donde se establece que el 20 % de las reservas sea aplicado en cada nivel de elección en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año.
En una instancia sometida ante la Secretaría General de ese organismo, por Manuel Crespo, delegado político ante la JCE de la FP, la organización expresó su rechazo al borrador presentado por el pleno.
“Llama a la reflexión que ese pleno actúe al margen de toda legalidad institucional y ajeno a la opinión colectiva de las mayorías, dejando de un lado la posición de más de 26 organizaciones políticas y colocándose a voluntad del oficialismo”, puntualizó.
El también miembro de la dirección política dijo, además, que con la referida resolución, el pleno de la JCE pone en riesgo la seguridad jurídica, la certeza y confianza electoral, en medio del montaje de los procesos internos de elección de candidatos en octubre de este año y las elecciones del 2024.
“Rechazamos en toda su totalidad el Borrador de Resolución notificado por la JCE y reiteramos que su aprobación y posterior aplicación sería un atentado en contra de la democracia. También haría responsable al órgano comicial del debilitamiento legal, institucional y político nacional, pues parecería que a voluntad se podría cambiar lo que dispone la Constitución y las leyes”, indicó.
Manuel Crespo recordó que en una comunicación depositada por ante la Secretaría General más de 26 organizaciones fijaron su posición sobre el particular, donde indicaron que la JCE debía cumplir con la correcta aplicación del artículo 58, y mantener la voluntad del legislador estableciendo el 20 % de las reservas para el total de las candidaturas de una organización política.
Asimismo, expresó que este tipo de interpretaciones poco favorables para los partidos podría entrar en conflicto con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 216 de la Carta Magna que estipula que se debe “contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular”.