Tras quedar firme su absolución, el empresario Ángel Rondón anunció que demandará al Estado dominicano por los daños que, asegura, sufrió al ser procesado en el caso Odebrecht. Adelantó que cualquier indemnización que obtenga será donada a una institución dedicada al tratamiento del cáncer.
Rondón explicó que tomó la decisión luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra la sentencia que lo descargó. Recordó que la Suprema Corte de Justicia ya lo había absuelto y calificó el proceso como un "calvario" sin precio.
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En entrevista telefónica en el programa radial El Sol de la Mañana, sostuvo que no busca un beneficio personal y que la eventual compensación sería entregada en memoria de su hijo, fallecido a causa de cáncer.
El fallo que cerró el proceso
La decisión del Constitucional también favoreció al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, quien junto a Rondón había sido condenado en primera instancia por el expediente de los más de 92 millones de dólares en sobornos admitidos por la constructora brasileña.
La sentencia impugnada por Pepca fue la SCJ-SS-24-0969, emitida el 9 de agosto de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte. Ese fallo revocó las penas previas: ocho años de prisión para Rondón por soborno y lavado de activos, y cinco años para Díaz Rúa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al considerar que no existían pruebas suficientes.
Ante el revés en la Suprema Corte, el órgano acusador acudió al Constitucional alegando violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que no podía revisar hechos ni valorar pruebas, facultad vedada por la Ley 137-11, y confirmó íntegramente la decisión recurrida.
La sentencia TC/0054/26 fue aprobada el 4 de febrero por el Pleno, encabezado por el juez Miguel Valera Montero en funciones de presidente, junto a otros magistrados titulares.
Críticas al Ministerio Público
Rondón afirmó que su acción judicial también busca sentar un precedente frente a lo que considera prácticas indebidas del Ministerio Público. Cuestionó que se presenten acusaciones sin entregar, según dijo, las pruebas correspondientes.
Tras la confirmación de su descarga, aseguró sentirse "muy bien" y reiteró que alguien debe poner límite a actuaciones que, a su juicio, afectan derechos fundamentales.