Denuncian impedimentos de hoteles al acceso público a playas en RD
Lo que debería ser un derecho garantizado por la Constitución se ha convertido en un conflicto para dominicanos e inversores. Eddie Griffith, propietario de inmuebles en zonas turísticas, denunció a través del portal Ensegundos.do que hoteles en República Dominicana restringen ilegalmente el acceso a las playas a quienes no son sus huéspedes.
Griffith destacó que estas prácticas violan la Constitución y la Ley 305-68, que establecen que las playas son bienes de dominio público y de libre acceso para todos los ciudadanos.
Experiencia de propietarios frente a seguridad privada
El denunciante, dueño de dos apartamentos a menos de 300 metros de la costa, relató que cada visita a la playa se ha convertido en un calvario debido al personal de seguridad de los hoteles.
«Cada vez que deseo disfrutar de la playa, me veo obligado a pasar un mal rato con la seguridad, quienes intentan impedirme el paso o me someten a cuestionamientos innecesarios», explicó Griffith.
Resaltó que esta situación afecta no solo a los dominicanos, sino también al turismo sostenible y al modelo de alquiler vacacional, donde turistas locales y europeos prefieren hospedarse en apartamentos cerca de la comunidad, pero se topan con barreras impuestas por las cadenas hoteleras.
Evidencias y advertencias
Griffith asegura poseer material audiovisual que documenta los incidentes, incluyendo el testimonio de un ciudadano español presionado por la seguridad de un hotel mientras disfrutaba de la costa sin estar hospedado en el recinto.
El denunciante advirtió sobre la pérdida del patrimonio público, señalando que la sociedad dominicana ha reaccionado tarde ante la privatización irregular de las playas y criticó la pasividad ciudadana: «Viajo a RD desde hace 30 años y cada vez veo que ustedes lo están perdiendo todo».
Impacto económico y legal
La restricción de acceso no solo vulnera derechos constitucionales, sino que afecta a propietarios de apartamentos y limita la diversidad del modelo turístico. Por ley, la franja de 60 metros de playa frente al mar no puede ser obstruida por hoteles, pese a que estos regulen accesos internos.
Esta denuncia se suma al debate nacional sobre la fiscalización de las zonas marítimas y el papel de las autoridades frente a la privatización irregular de costas, un recurso que pertenece legalmente a todos los dominicanos.