La revisión obligatoria de la medida de coerción contra los implicados en el presunto caso de corrupción vinculado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fue fijada para el 5 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La audiencia estará a cargo del juez Deivi Timoteo Peguero, quien evaluará la continuidad de las medidas impuestas a los acusados, entre ellas 18 meses de prisión preventiva para varios de los principales imputados.
El proceso judicial gira en torno a un supuesto esquema fraudulento que, según el Ministerio Público, habría provocado pérdidas al Estado dominicano por más de 19 mil millones de pesos a través de la Administradora de Riesgos de Salud estatal.
Medidas impuestas a los imputados
Entre los acusados con prisión preventiva figura Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, señalado por las autoridades como presunto líder del entramado.
La misma medida fue dictada contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
La decisión fue adoptada inicialmente por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras.
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En el caso de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el tribunal dispuso arresto domiciliario por un máximo de ocho meses, salvo que el tribunal competente decida modificar la medida si cambian las circunstancias del proceso.
Cambio en la fecha de revisión
Originalmente, la revisión de la medida de coerción estaba programada para el 11 de marzo, pero la fecha fue reprogramada luego de que los imputados interpusieran un recurso que finalmente fue rechazado el 5 de febrero.
La decisión judicial figura en la resolución núm. 0668-2025-SMDC-02421, correspondiente al expediente 2025-0325417, que recoge el proceso contra exfuncionarios y particulares señalados por su presunta participación en el caso.
Delitos investigados por el Ministerio Público
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una red que habría ejecutado diversas irregularidades administrativas y financieras dentro de SeNaSa.
Entre los cargos presentados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Las autoridades también buscan el decomiso de los recursos presuntamente sustraídos, como parte de las acciones para recuperar los fondos públicos afectados por el supuesto esquema de corrupción.