Defensa de José Ramón Peralta cuestiona acusación del caso Calamar

Abogado defensor de José Ramón Peralta hablando ante micrófonos de prensa en un collage político

La defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que la acusación presentada por el Ministerio Público en el denominado caso Calamar carece de base jurídica y no logra sostener los cargos formulados contra su cliente.


Uno de los abogados del exfuncionario aseguró que las réplicas expuestas por el órgano acusador durante la audiencia preliminar terminaron favoreciendo los planteamientos de la defensa.


"El equipo legal de José Ramón Peralta está satisfecho con la réplica del Ministerio Público, porque en términos concretos lo que ha hecho es confirmar lo que hemos sostenido: que la acusación carece de fundamentos y de validez jurídica", expresó el jurista.


Audiencia preliminar sigue en el Palacio de Justicia

El proceso judicial continúa este viernes 6 en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con sede en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el tribunal analiza si el expediente debe pasar a juicio de fondo.


Entre los principales acusados dentro de la investigación figuran los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, señalados por el Ministerio Público por un presunto desfalco que superaría los RD$19 mil millones.


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En la acusación también aparecen el exsenador Rafael Calderón, el abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, quien dirigió el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).


El expediente incluye además a Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda; Julián Omar Fernández Figueroa, exencargado de Juegos de Azar de esa institución; y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.


Señalamientos por presunta red de pagos irregulares

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los imputados habrían formado parte de un entramado que gestionó pagos irregulares vinculados a expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.


Los fiscales sostienen que esos desembolsos se habrían realizado con recursos del Estado y que el esquema permitió desviar fondos provenientes de los contribuyentes.

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