La audiencia preliminar del denominado caso Calamar continuó este viernes 6 en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, cuestionó los argumentos presentados por el Ministerio Público durante la jornada.
La abogada Laura Acosta, representante legal del exfuncionario, afirmó que las intervenciones del órgano acusador durante sus réplicas no aportaron elementos nuevos al proceso y las calificó como una exposición sin sustancia dentro del debate judicial.
"El Ministerio Público vino a hacer relleno. Ustedes han visto cuando a ustedes los ponen a reportar y les dicen 'hagan relleno en lo que pasa algo', eso es lo que está haciendo el Ministerio Público aquí, haciendo relleno", expresó la jurista al referirse a la participación de los fiscales en la audiencia.
Proceso judicial por presunto desfalco millonario
El proceso se desarrolla en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, donde el tribunal analiza la acusación presentada contra varios exfuncionarios señalados en el expediente.
$ads={1}
Entre los principales imputados figuran los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, quienes enfrentan cargos por un presunto desfalco que, según el Ministerio Público, supera los RD$19 mil millones.
En el expediente también aparecen el exsenador Rafael Calderón, el abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, quien dirigió el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
A la lista de acusados se suman Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda; Julián Omar Fernández Figueroa, exencargado de Juegos de Azar de Hacienda; y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.
Asimismo, figuran Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Acusación por pagos irregulares y financiamiento político
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados habrían formado parte de una estructura que gestionó pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Los fiscales sostienen que el dinero provenía de recursos del Estado y que parte de esos fondos habría sido utilizado para realizar sobornos y financiar actividades políticas vinculadas a la campaña electoral del año 2020.