Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos anuló la sentencia que obligaba a Argentina a pagar 16,100 millones de dólares por la estatización de la petrolera YPF. La decisión revierte el fallo emitido en 2023 por una corte de primera instancia en Nueva York y elimina, por ahora, la responsabilidad indemnizatoria del Estado argentino.
El dictamen fue emitido por el United States Court of Appeals for the Second Circuit, con sede en Manhattan, tras una década de litigios iniciados por fondos de inversión que reclamaban compensaciones por supuestas pérdidas derivadas de la nacionalización de la compañía.
El tribunal revoca la sentencia anterior
La corte de apelaciones dejó sin efecto la resolución de la jueza Loretta Preska, quien en septiembre de 2023 había ordenado a Argentina pagar miles de millones de dólares a los exaccionistas Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management.
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En esa decisión, Preska había concluido que el Estado argentino incumplió compromisos con los inversores durante el proceso de estatización de la petrolera. La sentencia establecía pagos de 14,390 millones de dólares para Petersen y 1,710 millones para Eton Park, incluyendo daños e intereses acumulados.
El nuevo fallo revoca esa condena y ratifica, además, una decisión previa favorable a YPF dentro del mismo proceso judicial.
Contexto: la estatización de 2012
YPF fue nacionalizada en 2012 durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el impulso del entonces ministro de Economía Axel Kicillof.
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La medida se produjo después de años de críticas al manejo de la empresa por parte de la multinacional española Repsol, que controlaba la petrolera en ese momento.
Los demandantes sostenían que Argentina violó normas establecidas en los estatutos de la compañía al no realizar una oferta pública para adquirir todas las acciones tras asumir el control estatal.
Argumentos legales del tribunal
La corte de apelaciones coincidió con parte de los argumentos presentados por la defensa argentina, que sostuvo que los estatutos corporativos no constituyen contratos bilaterales que permitan demandas de este tipo.
El tribunal también consideró que, aun si existiera una obligación contractual, las demandas estarían limitadas por la Ley General de Expropiaciones vigente en Argentina, que impide acciones legales de terceros que obstaculicen un proceso de nacionalización aprobado por el Congreso.
Sin embargo, los jueces señalaron que el país sí incumplió algunas promesas de protección al inversor promovidas en la década de 1990, aunque esa conclusión no derivó en una indemnización.
Reacciones políticas tras el fallo
El presidente argentino Javier Milei celebró la decisión judicial a través de redes sociales, afirmando que la resolución evitó un pago multimillonario para el país.
El mandatario también atribuyó el resultado a su estrategia diplomática y a su relación con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras la decisión del tribunal de apelaciones, el caso regresará al tribunal de distrito para continuar con los procedimientos correspondientes, aunque la sentencia que imponía la millonaria indemnización quedó anulada.