La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a las autoridades dominicanas, aunque por ahora el Gobierno asegura que aún es temprano para medir su impacto real en la economía local. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) afirma que el país cuenta con planificación para mitigar posibles efectos en el sistema de hidrocarburos.
El titular de la institución, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, explicó que el escenario internacional todavía está en desarrollo y que cualquier proyección sobre medidas económicas sería apresurada. Aun así, insistió en que el Estado dispone de herramientas para responder ante un eventual aumento de los combustibles.
Según el funcionario, las autoridades mantienen seguimiento permanente al comportamiento del mercado energético global, con el objetivo de tomar decisiones oportunas si el conflicto prolonga la presión sobre los precios del petróleo.
Preocupación en el sector comercial
Mientras el Gobierno observa la evolución del panorama internacional, representantes del comercio dominicano advierten sobre los riesgos de un incremento sostenido en los hidrocarburos. Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, alertó que una subida en los combustibles terminaría reflejándose en los costos operativos del sector.
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El dirigente empresarial consideró que un encarecimiento del petróleo podría impactar directamente la cadena de distribución y los precios al consumidor, por lo que pidió vigilancia sobre la evolución del mercado.
Reunión con autoridades para evaluar medidas
Ante ese escenario, los comerciantes buscan coordinar acciones con el Gobierno. García informó que este jueves sostendrán un encuentro con el Ministerio de Industria y Comercio para analizar posibles respuestas frente a la crisis internacional.
En la misma línea, Antonio Cruz, vicepresidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios, pidió a las autoridades activar estrategias que amortigüen el golpe que podría generar un aumento en los combustibles.
El objetivo del diálogo entre el sector público y privado será definir una hoja de ruta que permita reducir el impacto económico si la tensión geopolítica termina presionando los precios del petróleo en los mercados internacionales.