El Tribunal Supremo iniciará el próximo 7 de abril el juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el presunto cobro de comisiones durante la compra de mascarillas en la pandemia. Ambos acudirán desde la prisión de Soto del Real, donde llevan más de tres meses, para enfrentar un proceso que podría derivar en penas de hasta 30 años de cárcel.
La causa investiga posibles delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos vinculados a contratos de material sanitario durante la crisis del COVID-19.
Empresario Víctor de Aldama también será juzgado
En el proceso también comparecerá el empresario Víctor de Aldama, único acusado que permanece en libertad. A diferencia de Ábalos y García, el empresario afronta una petición de condena considerablemente menor: hasta siete años de prisión por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.
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El juicio contará con una extensa lista de participantes. Están citados 75 testigos y cerca de veinte peritos que deberán aportar información sobre la presunta trama.
Entre los testigos figuran la presidenta del Congreso, Francina Armengol -quien era presidenta de Baleares cuando ocurrieron los hechos-, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y la exdirectiva de Adif Isabel Pardo de Vera, quien también está imputada en otro procedimiento en la Audiencia Nacional.
También declararán el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez Ruiz y antiguos jefes de gabinete de los ministerios de Sanidad e Industria.
El informe UCO Ábalos y la trama de hidrocarburos
Uno de los elementos que cobrará peso durante el proceso es el denominado informe UCO Ábalos, elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La Fiscalía Anticorrupción pidió que ese documento fuese incorporado como prueba en el juicio, solicitud que finalmente fue aceptada por los magistrados de la Sala de lo Penal.
Según el informe policial, una red vinculada al negocio de hidrocarburos habría destinado alrededor de un millón de euros en pagos irregulares para influir en decisiones del exministro.
La investigación apunta directamente al empresario Claudio Rivas, propietario de Villafuel. De acuerdo con la UCO, la organización dirigida por él habría reservado esa suma para realizar contraprestaciones económicas con el objetivo de favorecer la concesión de una licencia como operadora de hidrocarburos.
Los agentes sustentan parte de sus conclusiones en mensajes interceptados durante la investigación. En uno de ellos, Leonor Pano -hija de la empresaria Carmen Pano- habría afirmado: "Se les ha dado mucho dinero, más de 1 kilo".
Vivienda en Cádiz bajo sospecha
El informe también señala que una parte de esos fondos habría terminado vinculada a la compra de un chalet en La Alcaidesa, en Cádiz, valorado en cerca de 600.000 euros. Según la investigación, el inmueble habría sido utilizado por Ábalos durante el verano de 2021.
Los investigadores sostienen que el exministro intentó justificar el uso de la vivienda mediante un contrato de alquiler que, según el documento policial, apenas se cumplió. Solo se habría abonado la primera mensualidad y la fianza, mientras el resto de pagos nunca se realizó.
Los magistrados del Supremo analizarán ahora este informe durante las sesiones del juicio para determinar si su contenido refuerza las acusaciones planteadas por la Fiscalía Anticorrupción.