El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) abrió un proceso de comentarios públicos sobre una norma que exigiría demostrar ciudadanía o estatus migratorio legal para poder residir en viviendas públicas o subsidiadas. La propuesta impactaría a miles de inmigrantes, incluidos dominicanos que viven en ese tipo de residencias.
La iniciativa plantea impedir que personas sin estatus migratorio regular ocupen unidades financiadas con fondos públicos. Para mantenerse en estos programas, los inquilinos tendrían que presentar documentos que acrediten ciudadanía estadounidense o una condición migratoria considerada elegible, sin importar su edad.
Verificación migratoria y priorización de beneficios
Según explicó la agencia federal, el objetivo es asegurar que los recursos destinados a vivienda pública beneficien únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales. Las autoridades argumentan que en todo el país existen largas listas de espera de familias estadounidenses que buscan acceder a estos programas.
Para confirmar el estatus migratorio de los solicitantes o residentes, el sistema utilizaría la plataforma SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos), un servicio digital administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Medida vinculada a orden ejecutiva de Trump
La propuesta se conecta con la orden ejecutiva 14218 firmada el 19 de febrero por el presidente Donald Trump, titulada "Poner fin a las subvenciones de los contribuyentes a las fronteras abiertas". Con ese decreto se instruyó a las agencias federales a fortalecer los controles de elegibilidad para evitar que personas no autorizadas reciban beneficios financiados con fondos públicos.
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Como parte de estas acciones, el HUD habilitó una línea telefónica (1-800-347-3735) para recibir denuncias relacionadas con posibles irregularidades o presencia de inmigrantes indocumentados en complejos habitacionales financiados por el gobierno.
Además, la administración ordenó revisar el estatus de cerca de 200,000 inquilinos vinculados a programas de vivienda gestionados por la agencia.
Auditoría detectó casos irregulares
La revisión, denominada "Cleaning House" o "Limpieza general", se desarrolla tras una auditoría realizada por el HUD junto al Departamento de Seguridad Nacional. El informe preliminar identificó alrededor de 200,000 residentes cuyos expedientes requieren verificación de elegibilidad.
Los resultados también señalaron que aproximadamente 25,000 beneficiarios habían fallecido y cerca de 6,000 no cumplían los requisitos por no ser ciudadanos estadounidenses.