Roberto Antonio Canaán, inicialmente imputado por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), se convirtió en testigo clave del Ministerio Público tras el arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar sobornos a cambio de favorecerlo en su proceso judicial.
Según el expediente, Valdez Alcántara exigió a Canaán 200 mil dólares, luego reducidos a 150 mil, además de un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz, a cambio de "alterar el proceso seguido" en su contra. Las autoridades detallan que la presunta coacción incluyó un encuentro el 13 de marzo en Plaza Lama, llamadas telefónicas y fijación de fechas límite para la entrega de los bienes.
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Operación de entrega vigilada y arresto
El 25 de marzo, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para autorizar diligencias investigativas. Dos días después, la magistrada Ysis Muñiz aprobó una operación de entrega vigilada que permitió capturar al fiscal el 27 de marzo, cuando citó a Canaán sin saber que la Policía Nacional ya seguía la operación.
Contexto de la investigación
Canaán estaba vinculado a procesos administrativos bajo escrutinio durante la gestión de Santiago Hazim en SENASA, relacionados con posibles irregularidades en la asignación de contratos y manejo de recursos. El Ministerio Público señala que existían mecanismos para priorizar "casos de interés" y presunto flujo irregular de dinero entre prestadores de servicios de salud y funcionarios, abarcando posibles delitos de tráfico de influencias, concusión y financiamiento político ilícito.
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Aunque inicialmente fue investigado, Canaán ahora es pieza clave para reconstruir la supuesta red de corrupción y su testimonio ha sido fundamental para sustentar la acusación contra Valdez Alcántara. El Ministerio Público reafirmó que la operación forma parte de su política de "cero tolerancia" a la corrupción, incluso dentro de sus propias filas.