El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha logrado ejecutar políticas públicas y subsidios sin recurrir a una reforma fiscal, a diferencia de administraciones anteriores.
El funcionario sostuvo que, entre 2020 y 2026, la actual gestión no ha aplicado cambios tributarios para aumentar impuestos, pese a que ha tenido que enfrentar presiones económicas y mantener programas de apoyo social.
Durante sus declaraciones, comparó la política fiscal actual con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, encabezados por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Diez reformas fiscales entre 2004 y 2020
Sanz Lovatón explicó que durante los gobiernos del PLD se aprobaron diez reformas tributarias. Según detalló, seis se realizaron durante las administraciones de Fernández y cuatro en los mandatos de Medina.
El ministro indicó que las reformas fiscales suelen implicar aumentos de impuestos que permiten al Estado disponer de mayores recursos para financiar políticas públicas.
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En ese sentido, mencionó que esos ingresos adicionales facilitan cubrir programas de subsidios, como el apoyo a los combustibles o las ayudas sociales dirigidas a sectores vulnerables.
Gobierno monitorea impacto del conflicto en combustibles
El funcionario también se refirió a la situación internacional y al posible impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios de los hidrocarburos.
Aseguró que el Gobierno mantiene una vigilancia constante sobre el comportamiento del mercado energético global para evitar aumentos bruscos en los combustibles que afecten a la población.
Según explicó, las autoridades analizan de forma permanente los cambios en los mercados internacionales para tomar decisiones sobre los subsidios necesarios.
En ese contexto, informó que el Gobierno destinó RD$1,189.8 millones para evitar un aumento en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El ministro reiteró que la política oficial busca mitigar el impacto de las variaciones internacionales en los costos del combustible y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.