Siete de cada diez infracciones de menor gravedad judicializadas en el Distrito Nacional están vinculadas al consumo problemático de drogas, según un análisis que está empujando cambios en la forma en que operan los tribunales.
El dato fue presentado por la magistrada Kenya Romero durante un panel celebrado en la Conferencia del Poder Judicial 2026, donde se discutieron alternativas al modelo penal tradicional.
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Justicia terapéutica como respuesta
Frente a este escenario, las autoridades impulsan un plan piloto que introduce la justicia restaurativa y terapéutica. La propuesta busca sustituir el enfoque adversarial -basado en confrontación- por uno colaborativo, donde el juez interviene activamente en la rehabilitación del imputado.
El programa selecciona casos de personas con dependencia a sustancias, aplicando criterios legales y médicos. La meta es atender el problema de fondo, no solo sancionar la conducta.
Menos castigo, más tratamiento
Romero explicó que el objetivo es integrar una visión más humana al proceso penal, sin eliminar el rol del juez. Bajo este esquema, se reconoce la adicción como un factor de riesgo que requiere intervención especializada.
Además de su impacto social, la iniciativa apunta a reducir la carga en los tribunales, donde miles de expedientes por faltas menores permanecen sin resolución.
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En el mismo panel participó Carmen Otero, quien expuso el modelo aplicado en Puerto Rico. Indicó que el sistema carcelario de ese país implica un gasto cercano a 343 millones de dólares anuales, mientras que los programas de tratamiento supervisado resultan más económicos y favorecen la reinserción.
Ambas juristas coincidieron en que el sistema judicial debe enfocarse en las causas estructurales del delito, especialmente las relacionadas con salud mental y adicciones.
El evento reunió a 68 expertos de 25 países y más de 6,000 participantes, consolidando el debate sobre la modernización del sistema de justicia en República Dominicana.