El presidente de Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Boris De León, planteó que el Gobierno debe ampliar su respuesta económica frente al impacto de la crisis en Medio Oriente, con acciones enfocadas en inversión, empleo y productividad.
El dirigente empresarial consideró que las medidas aplicadas hasta ahora son un punto de partida, pero insuficientes ante un escenario global incierto que exige reforzar el clima de negocios y generar mayor dinamismo en el sector privado.
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Reformas estructurales y clima de inversión
De León señaló que avanzar en reformas pendientes sería clave para sostener el crecimiento. Entre ellas, mencionó el pacto fiscal y la actualización del Código de Trabajo como elementos determinantes para mejorar la competitividad del país.
A su juicio, estas iniciativas deben desarrollarse de forma paralela a las políticas de corto plazo, con el fin de ofrecer mayor previsibilidad a inversionistas y empresas.
Desajustes que afectan a las mipymes
El presidente de ANJE también advirtió sobre inconsistencias en el marco regulatorio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Explicó que, aunque existe una ley que clasifica a las mipymes según su tamaño, el régimen simplificado de tributación maneja límites distintos.
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Detalló que una pequeña empresa puede facturar hasta 80 millones de pesos y una mediana más de 300 millones, mientras que el sistema tributario simplificado fija topes inferiores, lo que genera trabas para la formalización y el acceso equitativo al sistema fiscal.
Llamado a mayor diálogo público-privado
Durante una entrevista con el periodista Federico Méndez, De León valoró los esfuerzos oficiales para contener los efectos de la crisis internacional, aunque insistió en que se requiere fortalecer el diálogo con el sector privado.
Sostuvo que una gestión efectiva en contextos de incertidumbre depende de la construcción de consensos amplios, donde participen los distintos actores económicos y sociales.
En relación con la reforma laboral, propuso mantener la cesantía, pero ajustarla mediante mecanismos diferenciados según el tamaño de las empresas, buscando un equilibrio entre protección al trabajador y sostenibilidad empresarial.