La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) valoró como una decisión acertada la eliminación de la resolución que otorgaba beneficios a miembros de la Cámara de Cuentas, al considerar que evita posibles conflictos con el marco constitucional.
La organización sostuvo que la medida corrige un escenario que había generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y el rol de los órganos de control dentro del Estado.
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Riesgos legales y funciones del órgano
FINJUS explicó que el debate gira en torno a la naturaleza de la Cámara de Cuentas como entidad encargada de fiscalizar el gasto público, lo que exige un estándar más riguroso en sus decisiones internas.
En ese contexto, advirtió que cualquier disposición que implique ventajas económicas para sus propios integrantes debe sustentarse en criterios claros de legalidad, razonabilidad y control del gasto.
La entidad señaló que actuar sin una base normativa sólida puede interpretarse como una extralimitación de funciones y afectar el principio de juridicidad.
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Impacto en la confianza institucional
El organismo también subrayó que decisiones de este tipo pueden generar conflictos de interés y debilitar la percepción de imparcialidad, especialmente en instituciones llamadas a supervisar el uso de fondos públicos.
Indicó que la confianza ciudadana depende, en gran medida, de que las entidades estatales actúen con transparencia y en función del interés general.
Por ello, consideró que la revocación no solo responde a criterios legales, sino que contribuye a preservar la credibilidad institucional y a reforzar principios como la separación de poderes y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.