A 30 días del arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, la justicia del Distrito Nacional aún no ha logrado iniciar el conocimiento de la medida de coerción en su contra, pese a la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
El funcionario fue detenido el 27 de abril en lo que las autoridades calificaron como un caso de flagrante delito, tras presuntamente recibir 10 mil dólares durante una entrega controlada vinculada a un testigo en una investigación relacionada con el seguro estatal de salud.
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Retrasos procesales frenan audiencia clave
Aunque la Procuraduría General de la República solicitó un año de prisión preventiva, la audiencia no ha podido celebrarse. La razón principal ha sido la serie de incidentes legales introducidos por la defensa del imputado, que han impedido avanzar en el proceso.
Estos recursos han obligado a posponer en múltiples ocasiones el conocimiento del expediente, manteniendo el caso en una fase preliminar más tiempo de lo habitual.
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El estancamiento genera cuestionamientos sobre los tiempos judiciales en procesos de alto perfil, especialmente cuando se trata de funcionarios vinculados al sistema de justicia.