La posible colaboración entre la policía de Nueva York y autoridades migratorias volvió al centro del debate tras una propuesta que condiciona ese apoyo a casos de delitos graves, una medida que ya enfrenta fuerte rechazo de organizaciones civiles.
La gobernadora Kathy Hochul planteó permitir que el NYPD coopere con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas únicamente cuando exista "causa probable" vinculada a crímenes violentos o de alta gravedad. La iniciativa fue discutida con legisladores estatales y busca integrarse al presupuesto aún pendiente de aprobación.
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El plan incluye límites: impedir operativos migratorios en espacios considerados sensibles -como escuelas o iglesias- y restringir la participación policial en acciones migratorias rutinarias. También contempla prohibiciones sobre el uso de cárceles locales por parte de ICE y la actuación de agentes encubiertos.
Críticas por posible uso arbitrario
El punto más controvertido radica en el criterio de "causa probable". Diversas organizaciones advierten que esa condición podría aplicarse de manera discrecional. La Legal Aid Society alertó que dar margen de interpretación a las autoridades locales abre riesgos de discriminación y abuso, además de debilitar la confianza de las comunidades inmigrantes en las instituciones.
En la misma línea, el colectivo Se Hace Camino NY calificó la medida como un retroceso en las políticas de protección comunitaria. Para ellos, permitir colaboración bajo ese estándar rompe avances previos en limitar la intervención migratoria en la vida cotidiana.
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La directora ejecutiva de Immigrant Defense, Yasmine Farhang, fue más allá al cuestionar la base legal del planteamiento. Según explicó, la "causa probable" puede interpretarse de forma subjetiva desde el momento de la detención, lo que facilitaría justificar acciones sin fundamentos sólidos.
Enfoque en delitos locales, según Hochul
Hochul defendió que la policía debe concentrarse en su misión principal: atender emergencias, perseguir delitos y garantizar la seguridad en las comunidades donde opera. A su juicio, muchos agentes prefieren mantenerse enfocados en esas tareas en lugar de asumir funciones migratorias.
Aun así, el debate sigue abierto. Mientras el gobierno estatal insiste en que se trata de un equilibrio entre seguridad y derechos, sus críticos ven en la propuesta una puerta abierta a prácticas que podrían afectar de forma desproporcionada a inmigrantes.